Fernanda Durán
“El Interapas está agotado, está acabado”, insistió el diputado José Luis Fernández Martínez, integrante de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, quien señaló que sería viable y legal que el Gobierno del Estado se encargue del servicio de agua potable en la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.
Fernández Martínez señaló que dentro del decreto de creación del organismo intermunicipal se establece que ante la falta de capacidad del organismo para prestar el servicio, será el Estado el que tome el control del abasto del agua en la zona metropolitana.
“No sólo es viable, pues sería legal. Ahí está en el decreto de creación y no tendría ningún problema”.
El diputado argumentó que existen problemáticas en el Interapas ya señaladas por diversas autoridades, como el “abandono” de Soledad de Graciano Sánchez o la insuficiencia de abastecimiento de agua potable a través de pipas distribuidoras de agua.
“Las pipas son insuficientes no llega el agua a la gente; las pipas generan un desabasto en otras zonas que no tienen nada que ver con El Realito, porque esas pipas se llenan de pozos que atienden otras zonas de la ciudad y que abaten su propia capacidad de agua. Y por tanto se empieza a ampliar esta crisis de un 30 por ciento. Yo creo que ahorita ya andamos en un 70 por ciento de irregularidad del servicio de agua en la zona metropolitana”.
Sin embargo, el legislador también hizo un llamado a los alcaldes de Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y San Luis Potosí, para discutir la posibilidad de crear un nuevo organismo operador de agua, pues insistió en que el Interapas tendría que declarar su incapacidad y en su momento, el Congreso deberá pronunciarse al respecto.
El decreto de creación del Interapas, en su artículo 12, indica que el Congreso del Estado podrá decretar la desaparición del organismo operador intermunicipal por violaciones a la Constitución General de la República, a la Constitución Política del Estado, a la Ley Orgánica del Municipio Libre, a la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como por deficiencias o irregularidades en la prestación del servicio.
En su caso el Congreso del Estado procederá de inmediato a entregar la responsabilidad de operar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la Comisión Estatal del Agua (CEA).
