Abelardo Medellín
Tanto la perito médico legista, como la perito en psicología que realizaron estudios al adolescente víctima en el caso de Alejandro N., declararon durante la audiencia de este jueves que encontraron en el joven indicios consistentes con abuso sexual.
Este jueves 7 de julio se celebró la cuarta audiencia y tercera jornada de desahogo de órganos de prueba del juicio de Alejandro N., ex funcionario del DIF estatal acusado de abuso sexual agravado contra un menor de edad.
El estudio físico
Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) ofreció como testigos a una médico legista y una perito en psicología adscritas a la Fiscalía de la Mujer, quienes se encargaron de realizar un examen médico proctológico y una valoración psicológica al adolescente, respectivamente, en octubre de 2019.
Durante el interrogatorio, la médico legista dijo haberle realizado un estudio proctológico a la víctima por solicitud de dos representantes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), quienes firmaron un consentimiento informado para que se le realizara el estudio y revisar si el joven presentaba lesiones, signos o síntomas de algún malestar.
Luego de un interrogatorio donde el joven afirmó no tener ninguna enfermedad de transmisión sexual, se procedió a realizar una revisión del área extra genital en la que solo se advirtió una lesión en el hombro.
Sin embargo, el estudio proctológico reveló al menos seis distintos tipos de lesiones en el área anal de las cuales la mayoría mostraban ser recientes.
Según la explicación técnica de la perito médico legista, una lesión de este tipo se considera reciente cuando es provocada dentro de los 10 días anteriores a la revisión, y las lesiones antiguas se consideran así cuando tienen más de 10 días de haberse provocado.
La perito afirmó además que, si bien no se puede dar una fecha exacta o poner una temporalidad de cuándo ocurrieron, para que se provocaran lesiones como las de la víctima, los hechos debieron ocurrir de forma repetitiva.
Luego de la explicación técnica, uno de los asesores jurídicos que acompaña a la Fiscalía preguntó si, a experiencia de la perito, las lesiones del adolescente eran consistentes con las de una víctima de violencia sexual, a lo que ella contestó:
“Por sus características, sí”.
La especialista hizo hincapié en que, las lesiones encontradas que se catalogaron como recientes, tuvieron que haberse provocado durante los 10 días previos al estudio.
Durante el contra interrogatorio, la defensa de Alejandro N. cuestionó el hecho de que el personal de Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) haya firmado el consentimiento sin que se hubiera asentado la calidad con la que se registró la representante en suplencia del menor; asimismo apuntaron a que en el dictamen no se asentó expresamente el uso de embalajes que al final se tuvieron que usar para enviar las muestras a las áreas correspondientes.
Dado que algunas lesiones se catalogaron como recientes, la defensa cuestionó a la médico legista al respecto de que algunas de las lesiones pudieron haberse realizado un día antes de que el adolescente fuera ingresado para su estudio.
Los representantes de Alejandro N. cuestionaron sobre la posibilidad de que las lesiones hubieran sido provocadas por “actos voluntarios o propios” y sobre las razones por las que no se le preguntó al joven si tenía una vida sexual activa.
El estudio psicológico
También asistió como testigo la perito en psicología que se encargó de valorar al adolescente víctima en este caso.
De acuerdo con la perito, los estudios se realizaron a través de una primera valoración el 18 de octubre de 2019 y una posterior serie de entrevistas entre noviembre de ese año y enero de 2020.
La testigo informó que se le solicitó realizar una revisión para valorar si el joven mostraba una afectación psicológica resultado de un posible delito de violación.
Al igual que con el estudio proctológico, dos los representantes de la PPNNA firmaron el consentimiento para realizar la valoración.
La perito dijo que, durante la primera entrevista, la víctima se mostró reticente, respondía con frases cortas, se resistía y se limitaba a decir que había sido violado por Alejandro N. en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM).
Durante la declaración de psicóloga, uno de los abogados de Alejandro N. interrumpió a la testigo y alegó que la misma estaba hablando de información que no se le solicitó, sin embargo, el presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento amonestó al abogado y le pidió que no interrumpiera a los testigos.
Al retomar su narrativa, la perito informó que los estudios aplicados arrojaron que el joven víctima mostraba signos de ansiedad, depresión, angustia, culpa, estigmatización y pensamientos suicidas.
Mencionó que en la segunda sesión se le aplicó una prueba de “simulación de síntomas”, la cual mostró que el joven no simulaba el malestar que aludía.
La psicóloga explicó que también se identificó que el adolescente se sentía “traicionado” por la persona que le provocó el daño psicológico: “Para él (la víctima) representaba tanto, era como un sostén psicológico”, dijo sobre la confianza que el adolescente le tenía a quien le provocó el daño.
De acuerdo con la perito, durante la tercera y última sesión con el joven, este último se mostró molesto con un psiquiatra que acudió a las entrevistas y quien se dirigió de forma inadecuada y con preguntas que sugerían que la víctima había disfrutado lo ocurrido.
Al finalizar los estudios, la perito en psicología encontró que sí se presentó una alteración psico-sexual-social en el desarrollo de la víctima y, según comentó, el joven presentaba actitudes típicas en víctimas de delitos sexuales.
“Encontramos que sí había daño”, comentó en referencia a que se había cumplido la hipótesis del estudio.
Además, la psicóloga comentó que la víctima nunca señaló como agresor a nadie más que a Alejandro N.
En este tercer día de presentación de órganos de prueba también asistió a declarar un trabajador del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto, quien trasladaba al joven a las oficinas del DIF estatal y también a las oficinas de la PDPAM, lugar donde el adolescente trabajaba.
Asistió un trabajador de la unidad de inteligencia de la Dirección General de Métodos de Investigación, quien en mayo de 2021 realizó una línea del tiempo donde expuso todas las personas e instituciones que tuvieron el resguardo de la víctima.
De la línea del tiempo, resaltan momentos como el marcado entre el 23 y 26 de diciembre de 2017, cuando el Centro de Asistencia Social Rafael Nieto autorizó que el joven saliera del lugar y conviviera durante dicho período en casa de Alejandro N.
Durante el contra interrogatorio de este testigo, la defensa del imputado cuestionó el por qué la elaboración de la línea del tiempo se hizo solo con registros oficiales, pero sin considerar fuentes como las que pudo haber aportado la defensa.
También se interrogó a un elemento de la Policía de Investigación que se encargó de transcribir la entrevista a la víctima y asistió también la ex titular de la PDPAM, quien firmó el documento en el que se aceptaba la solicitud de la autoridad judicial para registrar la oficina que ocupó Alejandro N.
En la audiencia, la autoridad dio cuenta de cinco testigos que no se presentaron a la audiencia, desistieron de serlo o afirmaron ser positivos a covid-19; entre la lista de estos cinco, apareció de nuevo la madre de la víctima quien, a pesar de ser buscada por la fuerza pública, no se ha localizado.
