Por Victoriano Martínez
José de Jesús Ortiz Cerda fue destituido en julio de 2003 de su cargo como custodio del Consejo Tutelar para Menores, luego de ser acusado de lesiones y abuso de autoridad por uno de los internos. Hoy, 15 años después, tras quedar absuelto desde enero de 2006, se ve obligado a litigar contra la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) para que se le repare el daño.
“El comisionado presidente (Jorge Vega Arroyo) prefiere litigar las resoluciones en tribunales que enfrentar el pago de la reparación del daño, a mí me lo dijo, (si pago) siento precedente y después le tengo que pagar lo mismo a las demás víctimas”, relató Ortiz Cerda.
De esa manera, Ortíz Cerda se explica la razón por la que, a pesar de contar con la primera resolución del CEEAV para la reparación del daño, le fijaron una compensación que no contempla el daño que padeció por la pérdida de su trabajo, haber sido sometido a un juicio penal y no haber recuperado su empleo a pesar de que fue declarado inocente.
Las impugnaciones que se ha visto obligado a interponer en contra de la CEEAV son apenas la última parte de todos los litigios a los que ha tenido que recurrir para que se corrija la injusticia que se cometió en su contra al acusarlo falsamente, en una maniobra realizada entonces por el director del Consejo Tutelar para apropiarse de su plaza y entregársela a uno de sus asistentes.
Recordó que en julio de 2003 le levantaron una acta administrativa por haber desalojado a un interno del Consejo Tutelar de un área prohibida para ellos, y para el mes de noviembre lo detuvieron por presuntas lesiones y abuso de autoridad. “El director quería mi plaza para un asistente que tenía, el mismo interno me lo dijo”, recordó Ortiz Cerda.
Para enero de 2006, y tras un proceso en el que su acusador nunca ratificó la denuncia, la Quinta Sala del Poder Judicial Estatal confirmó su absolución. Para entonces, su demanda por despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ya la había perdido por estar sometido a un proceso penal.
Tras la absolución, intentó un nuevo litigio laboral para reclamar su reinstalación, pero ni la junta de conciliación ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo aceptaron su demanda por considerar que se trataba de un caso ya juzgado. “A la sentencia absolutoria le faltó que incluyera que se me restituyeran mis derechos que como trabajador se me afectaron”, dijo.
Fue cuando comenzaron los litigios para que se le restituyeran sus derechos, así como que se le reconocieran y repararan los daños y perjuicios que padeció. No obstante, los abogados que le tramitaron el juicio civil lo traicionaron y, con falsificación de su firma de por medio, interpusieron un presunto desistimiento de la reclamación en contra del Gobierno Estatal.
A su denuncia por el delito del que fue víctima, cuatro ministerios públicos se negaron a consignarla a un juez, hasta que en 2009 se logró con la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, el juez Ildefonso Gil Gil primero, y Abel Rodríguez Ramírez después, modificaron el tipo penal cometido por sus abogados y declararon improcedente su denuncia.
Para entonces, ya contó con el acompañamiento de abogados del entonces Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVID), aunque lo dejaron solo en el proceso y provocaron que el juicio quedara sobreseído.
El 15 de julio de 2014, Ortiz Cerda presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual quedó resuelta como recomendación 13/2017, en la que recomiendan que le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, lo inscriban en el Registro Estatal de Víctimas para que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Previo a la recomendación, la CEDH le presentó una propuesta de conciliación el 29 de septiembre de 2015, en la que sólo se limitaban a reparar la violación a sus derechos humanos dentro del juicio por la falsificación de su firma, sin considerar los antecedentes desde su despido injustificado por la acusación falsa que lo sometió a proceso penal.
Como compensación subsidiaria le ofrecieron 54 mil pesos, con lo que dejaron fuera su demanda en contra del gobierno estatal por el despido injustificado y el juicio penal padecido y del que resultó absuelto.
Ortiz Cerda también presentó inconformidad contra la recomendación de la CEDH, porque a pesar de que él señaló a personas específicas como responsables, la Comisión incluyó una relación de personas totalmente diferentes.
Con esta situación, Ortiz Cerda tuvo que abrir otra área de litigios al verse obligado a combatir un acuerdo de conciliación de la CEDH en el que no fue tomado en cuenta para hacer valer todos los antecedentes. “Como víctimas nos tenemos que enfrentar a todas las instituciones, después de que son violados nuestros derechos nos convertimos en víctimas de las instituciones”, expresó.
El pasado 8 de junio, Ortíz Cerda fue notificado de una nueva propuesta de conciliación. En ella se establece como medida de compensación primera que ya cuenta con el apoyo de un programa social por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y que como secundaria se le entregarán 24 mil 180 pesos. Ortiz Cerda impugnó el pasado viernes esta resolución.
“Mi reclamo es porque se me impidió el acceso a la reparación del daño y los perjuicios desde mi despido injustificado y la falsa acusación, pero lo hacen así para que uno tenga que inconformarse y no dejar precedente, como me lo dijo a mí, textualmente, el presidente Jorge Vega Arroyo”, expresó.
Víctimas sin compensación solidaria
De acuerdo con el último informe disponible de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2017, de los 3 millones 750 mil pesos de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral sólo se utilizaron para compensar a una sola víctima de 311 registradas con 34 mil 243 pesos
El caso de Ortiz Cerda no es el único en el que las víctimas se encuentran sometidas a litigios para reclamar una compensación. El Caso Jair, de Laguna de San Vicente, logró un amparo a principios de junio para que la CEEAV determine los recursos de ayuda y la reparación integral del daño a los familiares de Jair, joven asesinado en mayo de 2015.
En situación de litigios similares se encuentran las víctimas de la comunidad de Noria de San José, así como María de Jesús Almendarez Prieto, empleada de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.
De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Estatal de Atención a Víctimas, la CEEAV debe “proporcionar directamente medidas de ayuda, asistencia y atención de manera inmediata con cargo a los recursos del Fondo Estatal”, para –según el artículo 8– garantizar que las víctimas superen “las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante”.
Para 2016 y 2017, en el presupuesto estatal se contemplaron para cada año tres millones de pesos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
De los seis millones disponibles, para el 31 de mayo de 2017, la CEEAV (según su propio informe) sólo había dispuesto de un millón 641 mil 792.34 pesos, de los cuales utilizó un millón 607 mil 549.34 pesos para 667 acciones de apoyos por concepto de ayuda, asistencia y atención a víctimas y tan sólo 34 mil 243 pesos para una sola de las 311 víctimas que en ese momento reportó tener registradas.
