Eduardo Delgado
En demanda de su destitución e inhabilitación como servidor público, la magistrada Adriana Monter Guerrero, un grupo de jueces y el abogado Efraín Torres Salazar, solicitaron esta mañana en el Congreso del Estado juicio político en contra Juan Paulo Almazán Cue, presidente de Poder Judicial del Estado y Consejo de la Judicatura.
En documento de 144 páginas, además de anexos, cada víctima de los abusos y atropellos de Almazán Cue narran sus respectivos casos, de los que les “resulta responsabilidad de manera subsecuente” a los también integrantes del Consejo de la Judicatura: Diana Isela Soria Hernández, Jesús Javier Delgado Sam y Carlos Alejandro Ponce Rodríguez. Este último remplazado a fines del pasado mes.
Les imputan “violaciones a la ley en agravio de ellos y de la sociedad” porque en vez de guardar y hacer guardar la Constitución, como se comprometieron al rendir protesta ante el Poder Legislativo, “han violentado el estado de derecho y los derechos humanos de los ciudadanos”.
Sostienen que su demanda es procedente porque los actos u omisiones de Almazán Cue e integrantes del Consejo de la Judicatura “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales del Estado”, en particular del buen despacho de la impartición y administración de la justicia a nivel local.
Adriana Monter expuso que en diciembre de 2011 fue designada magistrada supernumeraria y que el 22 de junio de 2016 fue llamada para cubrir una vacante hasta que fuese nombrado el magistrado para ocupar esa posición, “situación que a la fecha no ha acontecido”.
Pese a ello, el 16 de octubre de 2017 fue depuesta, pues ese día el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a convocatoria de su presidente, le dio posesión como magistrado a Felipe Aurelio Torres Zúñiga en el lugar de Adriana Monter.
Al día siguiente “recibí un trato indigno, vejatorio y humillante delante de todos los integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia”, recordó y pidió a los diputados solicitar el testimonio de los aludidos.
Casi un año después, el 11 de octubre de 2018, Monter Gurrero obtuvo el amparo y protección de la justicia de la unión, al haberse determinado que Gobierno del Estado no cumplió con la obligación de evaluarla y, en su caso, remplazarla o ratificarla en el cargo.
Sostiene que derivado de la defensa legítima de sus derechos “fue y sigue siendo objeto de violencia de género y acoso laboral” de parte de Almazán Cue.
Suscriben la demanda Efraín Torres, presidente de la Asociación Potosina de Abogados, y los jueces Emilio Agustín Ortiz Monroy; Julián Ruiz Contreras; Juan Fernando Salazar Hernández y Javier Pérez Contreras, también víctimas de atropellos de parte de Almazan Cue, de lo que ha dado cuenta Astrolabio Diario Digital.
