Fernanda Durán
A través de mensajes colocados en las oficinas administrativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), personas involucradas en un expediente de acoso laboral por parte del director Enrique Delgado López, se manifestaron este 14 de febrero para exigir una sanción, pues desde hace más de un año hay una recomendación emitida por la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU) que confirma su responsabilidad y no hay sanción.
En la queja refirieron que, entre noviembre de 2021 y febrero de 2023, la DDU recibió cinco denuncias contra el director de la FCSyH, cuyos expedientes contenían la relación de hechos y pruebas que documentaban las acciones sistemáticas que realizó Delgado López “con el apoyo de su gente de confianza”, contra cinco trabajadores, cuatro de ellas mujeres.
El 2 de mayo de 2023, la DDU acreditó conductas de acoso laboral realizadas por Delgado López en perjuicio de cinco trabajadores y turnó el caso al Consejo Directivo Universitario (CDU) para que determinara las acciones correctivas necesarias, pero de acuerdo con las personas denunciantes, el caso se canalizó a diferentes áreas “de la Universidad de forma incorrecta y se ‘congeló”, acción que atribuyen al secretario general de la UASLP, Federico Garza Herrera.
“Para deslindarse de responsabilidades, argumentó de forma absurda que lo hizo al desconocer su contenido”.
Desde el 5 de octubre de 2023, fue turnado a la Comisión Institucional de Justicia Universitaria para que a la brevedad posible rindiera cuenta al CDU en la sesión ordinaria de ese mismo mes.
Fue hasta enero que el Consejo aprobó la sustitución del director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Enrique Delgado López, en la Comisión Institucional de Justicia Universitaria al estar involucrado en el expediente a revisar, debido a que tuvieron complicaciones para determinar la participación de ciertos integrantes.
Con la determinación del Consejo en casos que deban ser analizados por la Comisión de Justicia y en los que esté involucrado algún directivo, será el abogado general de la Universidad, Joel González Miranda, o en su caso, el secretario general, quien lo sustituya.
Las personas inconformes señalan que Paola Liliana de la Rosa Rodríguez y Claudia Ruiz Reyna, presidenta y secretaria, respectivamente, de esta comisión, informaron a las víctimas que iniciaría el proceso de instrucción. No obstante, antes de realizarla fue cancelada a mediados de noviembre y citaron a una reunión a las cinco víctimas.
“En ella, después de revictimizarlas con la narración de los hechos, trataron de convencerlas de poner un ‘precio’ para disculpar las conductas de acoso laboral atribuibles a Delgado López. Al no recibir una respuesta favorable a su reunión de ‘conciliación’, el trato que han tenido para con las víctimas se ha caracterizado por negarles derechos de asesoría jurídica y retraso en la entrega de información solicitada a través de los conductos que ellas exigieron, algo que de su parte no han respetado”.
En el documento destacan algunas irregularidades por parte de las autoridades como lo ocurrido el 6 de diciembre de 2023, cuando en la audiencia confidencial de instrucción aseguraron que a las víctimas no se les permitió tener la asesoría jurídica, orillándolos a plantear sus argumentos sin el menor conocimiento legal para tal fin.
Mientras el director Enrique Delgado López, a través de su abogado, hizo diferentes señalamientos y acusaciones contra las víctimas que, en la mayoría de los casos, trató de sostener con la distorsión de los hechos.
Agregaron que Delgado López entregó información privada de una de las víctimas que incluía imágenes de uno de sus hijos, dio a conocer charlas personales con datos sensibles de otra, y proporcionó datos incorrectos de la licenciatura en Geografía.
“Han transcurrido días y semanas desde que venció el plazo para que la presidenta y secretaria de esta comisión presentaran ante el CDU su valoración del caso en cuanto a las recomendaciones hechas por la DDU, por lo que las víctimas consideran ofensivo su silencio y violenta los lineamientos normativos que deben regirlas”.
A la vez le exponen al director que no es necesario que pida que revisen las cámaras para saber quién puso este escrito, tampoco que acuse de forma errónea al autor del mismo, o afirmar que se hizo durante la jornada laboral y que se imprimió con recursos de la Universidad.
“No somos como usted, que usa un vehículo de la universidad para fines personales. Si de nuevo quiere sancionar y silenciar las voces en su contra, en el edificio B de esta facultad, podrá obtener respuesta a sus dudas”, finalizaron.
