María Ruiz
Víctimas de violaciones a los derechos humanos y activistas se manifestaron este jueves afuera del Pleno del Congreso del Estado para pedir que no se reelija a Giovanna Argüelles Moreno como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al señalar su falta de compromiso con las víctimas y la omisión en la emisión de recomendaciones.
Además, demandaron que el Consejo Ciudadano de la CEDH sea integrado por personas con experiencia en la defensa de los derechos humanos, incluyendo víctimas, activistas y quienes han trabajado de cerca con la comunidad.
Las manifestantes destacaron que actualmente la CEDH opera con funcionarios sin sensibilidad ni compromiso real con la justicia, lo que ha derivado en la revictimización de quienes acuden en busca de apoyo.
“Necesitamos un cambio estructural en la CEDH, comenzando por su presidencia y por el Consejo Ciudadano, que hoy está integrado por personas ajenas a nuestra realidad”, señalaron.
Entre las principales exigencias se encuentran la no reelección de Giovanna Argüelles como presidenta de la CEDH; la integración de víctimas, activistas y personas con experiencia en el trabajo comunitario en el Consejo Ciudadano de la CEDH; la emisión de recomendaciones efectivas y con seguimiento puntual a las violaciones de derechos humanos en San Luis Potosí; y la depuración del organismo para eliminar a funcionarios que obstaculizan la justicia y protegen a agresores.
Adrián Barrios, integrante de la comunidad trans y defensora de derechos humanos, subrayó la necesidad de que la CEDH tenga una perspectiva más amplia en la atención de los problemas que afectan a la comunidad LGBTQ+, en especial a las personas trans, quienes constantemente enfrentan discriminación y violencia sin recibir una respuesta efectiva de la comisión.
Además, otros manifestantes señalaron que la omisión y la falta de seguimiento de la CEDH han afectado otros casos, como el de una víctima en Soledad de Graciano Sánchez, cuya denuncia contra la Dirección de Ecología del Ayuntamiento por omisiones administrativas tardó años en recibir una recomendación.
En este caso, la víctima denunció desde 2019 que el ruido excesivo de un salón de eventos afectaba su salud y la de su familia, pero las autoridades municipales no actuaron oportunamente. Apenas en 2023 la CEDH retomó el expediente y en el año siguiente emitió una recomendación por la indebida prestación del servicio público.
“Este es solo un ejemplo de como la CEDH no cumple con su función y deja a las víctimas en el abandono. Si esto ocurre con casos administrativos, imaginemos lo que pasa con quienes han sido torturados, amenazados o víctimas de violencia de género”, enfatizo la víctima.
Finalmente, las víctimas hicieron un llamado a los legisladores para que elijan a un perfil con verdadera vocación en la defensa de los derechos humanos y con sensibilidad hacia las víctimas.
“No podemos seguir con un organismo que solo simula su labor. Necesitamos personas que realmente se comprometan con nuestra lucha”, concluyeron.
