Por Victoriano Martínez
Quizá desde el ámbito oficial podrían decir que se trata de las mismas víctimas y además consideren que son las mismas de siempre, pero lo cierto es que con el paso del tiempo se van sumando más.
Este martes 6 de diciembre se volvieron a movilizar en distintas dependencias, por distintas razones, pero con un mismo lamento: la falta de atención de las instancias oficiales que deben apoyarlas.
Tan sólo basta tomar en cuenta el dato relacionado con la antigüedad de los casos para percatarse de que hay quienes claman por justicia desde hace más de siete años, otras de cuatro a cinco años, algunas de tres años y otras que comenzaron su calvario el año pasado.
Son las víctimas que han decidido hacer pública su búsqueda de justicia de manera persistente. Muchas otras se han quedado en el camino sin ver satisfechas sus demandas, lo que no significa que no tengan el deseo de protestar, pero su condición de victimas y el riesgo de revictimización, se los impide, como demostró el plantón frente a la CEEAV en 2019.
Este martes, Silvia Castillo Hernández, madre de Alan Francisco Ibarra Castillo, asesinado en 2019, tomó las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Más tarde acudió al Congreso del Estado.
Por la tarde, un grupo de víctimas cuyos casos van desde los más de siete años a uno de antigüedad, acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La manifestación de Castillo Hernández dejó expuesto el extremo al que pueden llegar los integrantes de una institución que debe apoyarlas: “tres servidores públicos de la CEEAV se acercaron para fotografiarla y tomarle videos, quienes entre risas y señalamientos se burlaron de ella”, describió María Ruiz en su nota sobre el hecho.
Una expresión de las más burdas sobre la forma en que el personal de instituciones como la CEEAV atentan contra la dignidad de las víctimas.
Que se vean obligadas a exponer públicamente sus casos en protestas como las que hasta ahora se han registrado en los últimos años por diversos grupos, no sólo las de ayer, dan cuenta de esa falta de respeto que padecen, a pesar de que la ley establece protección hasta en esos puntos. La fracción I del artículo 5º de la Ley de Atención a Víctimas dice:
En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.
Que los reclamos en lugar de atención provoquen la burla de los servidores públicos sin duda afecta el núcleo esencial de los derechos de la víctima. La sola falta de atención, que es queja común de las víctimas, provoca esa afectación.
Una actitud generalizada de desatención grave de por sí que ignora la obligación que tienen de evitar lo que la propia ley señala como victimización secundaria ante la que advierte que “las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad”.
“El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos”.
En más de seis años de vigencia de la Ley de Atención a Víctimas, los afectados no sólo han tenido que salir a protestar públicamente por la desatención de las instancias que deben apoyarlas, sino que se han visto obligadas a litigar… ¡hasta para ser reconocidas como víctimas!
En más de seis años de vigencia de la Ley, el logro de la reparación integral para las víctimas es excesivamente excepcional y sólo se sabe de un caso –el de Jair, de Laguna de San Vicente– logrado tras una recomendación de la CEDH, 13 juicios de amparo y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quizá desde el ámbito oficial podrían decir que se trata de las mismas víctimas y además consideren que son las mismas de siempre, pero desde la perspectiva de ellas no hay duda de que, por mucho que cambien los titulares de todas las instituciones públicas, las actitudes son las mismas: falta de atención y revictimización (o en términos de la Ley: victimización secundaria).
