Fernanda Durán
El Sindicato Académico de Trabajadoras y Trabajadores del Conalep ha calificado de “injusticia” la reciente modificación en los criterios para otorgar estímulos económicos a los profesores, afirmando que esta decisión ha afectado al 20 por ciento de los docentes, pues se encuentran sujetos a la evaluación de las y los alumnos.
María Jovita López Hernández, secretaria general del sindicato, denunció que la directora general del Conalep, Patricia Álvarez Escobedo, cambió los lineamientos de evaluación sin consultar a los involucrados.
De acuerdo con los inconformes, el nuevo criterio establece que los profesores deben obtener una calificación mínima de ocho en la evaluación realizada por los estudiantes para ser elegibles para el estímulo, en contraste con el sistema anterior que promediaba estas calificaciones con otras evaluaciones, por lo que solicitan se realice como en años pasados que también los evaluaban los alumnos, pero “se promediaba con otras evaluaciones y el maestro alcanzaba a sacar más de ocho, pero esta vez si el alumno te califica con 7.9 ya no entras al estímulo”.
López Hernández señaló que ahora los maestros que han demostrado ser exigentes y comprometidos con su labor, son penalizados por calificaciones que a veces reflejan represalias de las y los alumnos.
“Creemos que esa es una injusticia y no podemos confiar el estímulo de un maestro o la capacidad de un maestro a lo que dicen los adolescentes, porque no tienen la madurez emocional ni la madurez intelectual como para calificar a un maestro objetivamente”.
Los profesores pretenden exponer que esta modificación ha resultado en la exclusión de un 20 por ciento de los maestros del programa de estímulos debido a un cambio personal en los criterios que se había estado utilizando desde 2015.
Agregaron que Álvarez Escobedo alegó que el cambio era una orden de las autoridades federales, pero que al consultar con los encargados nacionales en el Estado de México, se les informó que no se había emitido tal directriz.
Además, la líder sindical expresó preocupación por la creciente presión sobre los docentes, quienes deben cumplir con una serie de tareas administrativas y académicas adicionales.
“El estímulo se ha convertido en un derecho que debe ser respetado y no manipulado para reducir los costos”.
El sindicato ha solicitado una revisión de la decisión y un diálogo abierto con la administración para garantizar que los criterios de evaluación sean justos y reflejen adecuadamente el desempeño de los docentes.
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