Fernanda Durán
Después de casi 119 días de espera, análisis y debate, este jueves 13 de junio, en reunión de comisiones unidas de Gobernación y Justicia, las y los diputados aprobaron por unanimidad llevar al Pleno del Congreso del Estado un dictamen a favor de otorgar un indulto a Sanjuana Maldonado Amaya para que elimine su pena en prisión y pueda salir en libertad.
Sanjuana es una mujer originaria de Charco Cercado, Guadalcázar, detenida en 2009 en el municipio de Matehuala, sentenciada a 30 años de prisión por el delito de privación de la libertad, el cual no cometió, pero que la ha mantenido 15 años recluida en la penitenciaria de Xolol.
En la exposición del dictamen, la comisión señaló que si bien la solicitud como se presentó por parte de la representación de Sanjuana era improcedente por pedir un indulto basado en la inocencia, en el Legislativo se acordó que sería un indulto de gracia, es decir, de eliminar la pena en prisión de la imputada.
Sin embargo, no se elimina la sanción pecuniaria ni la reparación del daño en caso de que así se determine.
“El Congreso no va a subsanar ningún error, tampoco va a atender a consideraciones de conveniencia social o política, es un acto personal, no es un acto de gobierno. Es un acto del Congreso del Estado. Es una atribución que el Congreso tiene y está previsto en varios estados del país y a nivel federal. El indulto es causa de extinción de responsabilidad penal (…) Efectos sobre la pena, no de la acción penal”.
Lo anterior fue una consideración reiterada en la exposición e intervenciones de los legisladores, ya que esta determinación de legislativo no pretende interferir con los demás poderes ni con las decisiones tomadas en su momento en el Poder Judicial.
Al ser catalogado actualmente como un delito grave, el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández solicitó que se marcara un antecedente, en caso de que esta medida pueda ser utilizada en un futuro como una puerta de salida por personas imputadas por delitos similares a los de SanJuana, aunque no se encuentren en las mismas condiciones.
Por su parte, José Luis Fernández Martínez pidió destacar en el dictamen los precedentes que daban la particularidad al caso, el hecho de que en el momento del proceso judicial el delito de secuestro no era catalogado como grave, y actualmente sí.
Por su parte, el legislador Rubén Guajardo Barrera hizo el llamado a presentar una reforma de ley que permita tener una ruta o una guía sobre cómo tratar este tipo de casos para que en el futuro se eviten problemas entre los poderes Legislativo y Judicial, por la línea tan delgada que cruza el Legislativo al conceder este indulto.
Mientras que el diputado Edmundo Torrescano Medina pidió que se testara el nombre de la víctima del delito de privación de la libertad por el que se inculpó a Sanjuana, al recordar que hubo quienes fueron procesados y que existía una sentencia.
Además, opinó que si en ese momento hubieran habido las sentencias que obligaran a los jueces a actuar con perspectiva de género, no estarían debatiendo el futuro de este caso.
No obstante, insistió en dejar claro que no avalaban la inocencia de Maldonado Amaya porque el tribunal y el Poder Judicial señalaron otra condición.
“Eso también debe generar una certeza a la ciudadanía de que no somos una autoridad que va a sustituir al Poder Judicial”.
La respuesta del indulto se da después de diversas pruebas documentales, testimoniales e incluso firmas de activistas e influencers que acompañaron la petición por la libertad de Sanjuana, de quien le fueron arrebatados 15 años de su vida.
Ahora le corresponderá al Pleno ratificar la decisión en la que cerca de 14 diputados y diputadas mostraron su postura a favor.
