Fernanda Durán
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) informó este viernes a sus afiliados sobre los avances en la dispersión de recursos adeudados a los trabajadores sindicalizados del Congreso del Estado, tras meses de gestión para obtener pagos atrasados y lograr mejoras salariales, entre los que se indicó que los recursos necesarios para cubrir una deuda que abarca de enero a julio de 2024 finalmente han sido liberados y se comenzarán a dispersar a partir del lunes 9 de septiembre.
Tras una reunión encabezada por Lilia Pérez, secretaria de Trabajo y Conflictos del SUTSGE, explicó que los pagos pendientes se relacionan con el incremento salarial del 2.2 por ciento acordado en 2023, así como con otras prestaciones laborales que no habían sido cubiertas a tiempo debido a la falta de fondos, pero la deuda acumulada desde el año pasado ha generado tensiones entre los trabajadores, quienes esperaban una pronta solución.
Uno de los puntos de mayor controversia ha sido la falta de nivelaciones y recategorizaciones para los empleados sindicalizados, un beneficio que en legislaturas anteriores se otorgaba regularmente, por lo que esta es la primera legislatura en la que no se ha logrado avanzar en este aspecto. La situación ha generado molestia entre los trabajadores de niveles más bajos, muchos de los cuales reprochan que llevan años en el servicio sin mejoras significativas en sus condiciones laborales.
“El mayor coraje de los compañeros es ver que, aunque se dice que no hay dinero para nivelar, se destinan fondos para otras áreas”, comentó Pérez, aludiendo a la frustración expresada por algunos empleados que consideran injusto que mientras ellos enfrentan incertidumbre, se hayan anunciado montos que podrían ser devueltos al Ejecutivo estatal.
Otro tema que ha sido objeto de discusión es el servicio médico, ya que actualmente los trabajadores están cubiertos por un convenio con la aseguradora GNP, una medida que ha traído incertidumbre en cuanto a la atención médica. Durante la reunión, se mencionó que, aunque las urgencias y consultas de primer contacto están cubiertas, la autorización de estudios especializados y tratamientos ha sido lenta y burocrática.
Varios de ellos relataron experiencias frustrantes, como la necesidad de realizar trámites repetidos para obtener estudios que ya habían sido autorizados.
La líder sindical reconoció las deficiencias y prometió que la administración sindical insistirá para mejorar el servicio y garantizar que los trabajadores reciban atención adecuada.
“El convenio con GNP no es lo que queríamos, pero es lo que tenemos en este momento. Vamos a seguir trabajando para mejorar esta situación”.
A pesar de que el Congreso está por cerrar la actual legislatura, Pérez y otros líderes sindicales no descartan continuar gestionando mejoras para los trabajadores hasta el último día hábil.
Algunos agremiados sugirieron que, si no se logran avances significativos, están dispuestos a tomar medidas más drásticas como realizar un plantón en el Congreso el próximo lunes para exigir una solución definitiva.
“Nos han visto la cara por mucho tiempo”, declaró uno de los asistentes a la reunión. “Si no hay dinero para nosotros, ¿por qué regresan fondos al Ejecutivo? Estamos considerando ir a plantarnos y exigir lo que nos corresponde”.
Un aspecto que generó desconfianza entre los trabajadores fue la decisión del Congreso de reservarse el informe financiero. Según Pérez, esta medida ha aumentado la incertidumbre sobre la disponibilidad real de fondos para las recategorizaciones y nivelaciones salariales.
“No tenemos acceso a esa información, pero los medios reportan que el Congreso devolverá entre 8 y 10 millones de pesos al Ejecutivo”, comentó la dirigente sindical. “Si hay dinero, debería ser usado para los trabajadores”.
El SUTSGE mantiene la esperanza de que, a pesar del inminente cierre legislativo, se logre algún acuerdo antes del 13 de septiembre, fecha en la que concluyen las gestiones.
Sin embargo, la sensación de que las autoridades han sido poco transparentes y lentas en responder a las demandas laborales ha dejado a los trabajadores en un estado de desconfianza.
