Fernanda Durán
Frente al vencimiento del plazo ordenado por el Tribunal Electoral Estatal (TEE) para la toma de protesta de Marcelino Rivera Hernández, el diputado panista Rubén Guajardo Barrera solicitó que se integrara al orden del día de la sesión solemne en la que se acataría la sentencia.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el bloque mayoritario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y el Partido del Trabajo (PT).
El rechazo de 21 en contra y seis a favor generó una discusión entre los líderes de las bancadas: Guajardo Barrera, por el PAN, y Héctor Serrano Cortés, por el Partido Verde. En respuesta, este último señaló que desconocía el tema y que no podían integrarlo al orden del día, ya que debían acatar los procesos y plazos legislativos.
“Justamente hace 48 horas fue notificado el Congreso del Estado para acatar la sentencia y la sentencia es muy clara. Dice tomarle protesta de ley al diputado Marcelino Rivera Hernández, ordinaria o extraordinario, en un término de 48 horas siguientes a la notificación (…) o sea ya estamos fuera del término”, manifestó Guajardo antes de la votación.
El diputado panista insistió en que esta decisión constituía un desacato por parte del Congreso a la resolución que ordena tomar protesta a Rivera Hernández.
Afirmó que los diputados del PRI, Movimiento Ciudadano y PAN que solicitaron incluir esta determinación en el orden del día se defenderían en caso de que el Tribunal Electoral impusiera alguna sanción o multa por el desacato.
Adicionalmente, durante la discusión de la minuta para reconocer los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, Rubén Guajardo señaló una incongruencia al aprobar este punto y, al mismo tiempo, negarle a Marcelino Rivera, como representante de su adscripción indígena náhuatl, el derecho a tomar protesta.
En contraste, la morenista Nancy García Martínez pidió que no se politice el tema, pues las actuaciones de los funcionarios y sus irregularidades “no se debe llevar una mal interpretación o desinformar las cuestiones legales, como personas o funcionarios públicos”. Esto debido al mal manejo de los recursos como señala el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí (IFSE) en el caso de Marcelino Rivera.
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado, la resoluciones o sentencias del Tribunal deben ser cabal y puntualmente cumplidas por las autoridades y órganos responsables.
“En la notificación que se haga a la autoridad u órgano responsable, se le requerirá para que cumpla con la resolución o sentencia dentro del plazo que fije el Tribunal, apercibida que, de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrán los medios de apremio y correcciones disciplinarias más efectivos.
Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, por la autoridad u órgano responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo”.
