María Ruiz
Desde la toma de protesta de Giovanna Itzel Argüelles Moreno como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí, en marzo de 2021, su trabajo dentro de este órgano ha sido indiferente e incompetente frente a situaciones que reclaman su intervención, de acuerdo con Catalina Torres Cuevas y Edith Pérez Rodríguez, activistas e integrantes del Consejo Consultivo de este organismo autónomo.
Ambas activistas indicaron que más allá de que la CEDH se convierta en un pilar de la defensa de los derechos humanos, se ha transformado en un órgano inactivo, en el que el desinterés de Argüelles Moreno configura una pasividad, omisión y silencio que dañan la construcción sólida de la defensa de quienes enfrentan perjuicios a sus garantías.
“Para mí la primera muestra de incompetencia fue cuando nos presentaron las ternas de visitadores. En algún momento se le cuestionó [a Giovanna Arguelles] cuál fue el criterio para la selección de los perfiles de estas ternas y ella tan solo dijo que la única razón era rotarlos, moverlos de lugar. En ese momento hubo una protesta por parte del Consejo, pues no era un criterio válido”, explicó Torres Cuevas.
Para Pérez Rodríguez y Torres Cuevas fue difícil darse cuenta de que la Comisión carecía de una cabeza responsable que realmente se involucrara en ofrecer total disposición, esmero, rigor y escrúpulo en la toma de decisiones en beneficio de las víctimas o personas peticionarias.
“Siempre me he preguntado y ante todas estas cosas que suceden dentro de la Comisión, ¿cuál es la idea de estar en esos puestos?”, señaló Edith.
Las activistas pugnan por que la CEDH actúe conforme a los lineamientos y acuerdos a los que llega el Consejo Consultivo al que pertenecen, y a partir de ello promover y proteger los derechos humanos.
“Nuestro fin es precisamente la protección de los derechos humanos. A lo mejor nuestros rubros son diferentes, pero de todos modos son humanos, nosotros estamos consientes que tenemos que hacerlo. Nosotros no recibimos ni un solo peso, así que por lo menos yo no tengo que estar levantando la mano a lo que no entiendo, a lo que no quiero. Creo que la mayor parte del Consejo de la Comisión ahorita ya están muy conscientes de que no son ‘levanta dedos”, apuntó Catalina.
Asimismo, señalaron que Argüelles Moreno no cumple con las obligaciones que le incumben en materia de derechos humanos y se muestra indolente con las víctimas que se presentan ante la Comisión.
Dentro de este contexto, Torres Cuevas recordó que antes de que Argüelles Moreno fungiera como presidenta de la CEDH, la activista se acercó a ella y le propuso trabajar en favor de las personas con discapacidad, no obstante, únicamente recibió un “no me interesa” como respuesta.
“Fue realmente sincera. Me dijo: ‘Lo que me propones no me interesa’. Seis meses después la vi en la Comisión y hasta ese momento Giovanna no tenía conocimientos respecto a la materia de Derechos Humanos. Meses después mi sorpresa fue que era uno de los perfiles para presidir la Comisión, para luego ser electa”.
Sin mecanismos ni instrumentaciones
En 24 sesiones ordinarias del Consejo Consultivo, la presidenta de la CEDH no promovió acciones, acuerdos, planes estratégicos, acciones de inconstitucionalidad ni presentó avances del informe anual de actividades, del cual fueron informados un día antes de su entrega ante el Congreso del Estado, durante la última semana de febrero de este año.
Sobre esto último, Torres Cuevas mencionó que el informe carece de un objetivo claro y que más bien parece un reporte de un estudiante de nivel secundaria, pues no incluye hechos que abonen a los derechos humanos.
“Lo que hay ahí, es la cantidad de cursos. Ese informe debería reflejar 50 millones del presupuesto destinado a la Comisión, y ahí no se ven reflejados”, dijo.
Referente a las acciones de inconstitucionalidad por parte de la CEDH, Torres Cuevas apuntó a que no ha sido un mecanismo primordial ni prioritario para promover acciones contra leyes de carácter estatal cuando se estime que vulneren derechos humanos.
“Durante el año completo, el año pasado no se llevó a cabo ningún acto de inconstitucionalidad, que para nosotros es algo importante y durante todo este tiempo ella no quiso hacerlo. Las acciones de inconstitucionalidad tienen un término de 30 días y ¿qué pasó? No las hay. Hay silencio, no hay explicación”, aseguró Torres Cuevas.
En este punto, Torres Cuevas remarcó que tan solo se anunció la aplicación de esta instrumentación en diciembre del año pasado tras la toma de la CEDH, por la organización +Humanos, de la cual dejó entrever que pasados los 30 días no se conoció su interpretación y aplicación.
“Una acción de inconstitucionalidad que salió en el mismo día, la hicieron en una noche, tan solo porque le tomaron la Comisión, total ya pasaron los 30 días y a otra cosa mariposa”.
También indicó que una de las últimas acciones de inconstitucionalidad que promovió el Consejo, fue en contra de la Ley Electoral porque no tomó en cuenta a las personas con discapacidad.
“Esa Ley ya era parte de una sentencia, la cual ya estipulaba realizar una consulta. Yo fui con Giovanna y le dije ‘esa consulta está mal hecha. El reporte del dictamen tenía un error que ni siquiera notó “.
Catalina Torres además enfatizó en el hecho de que en todo el 2022 la CEDH apenas emitió 17 recomendaciones, una cifra menor a las realizadas en los últimos nueve años por este órgano.
Refirió que se acumulan quejas de las cuales siempre se está a la espera de resoluciones que nunca se concretan y que tan solo se quedan en recomendaciones en estudio, apilándose sin ser concluidas.
“¿Por qué no hay recomendaciones? Porque no hay seguimiento, las recomendaciones se siguen acumulando”.
Edith Pérez Rodríguez, quien desde hace 10 años se ha dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas a través de su asociación civil Voz y Dignidad por los Nuestros, remarcó la decepción que fue para ella darse cuenta de que Argüelles Moreno no tenía como premisa la defensa de la dignidad humana.
“Como víctima de desaparición y de crimen de lesa humanidad, empecé sola y sigo sola, no hay una acompañamiento real, la comisionada no gestiona trabajos para que esto deje de pasar, no propone estrategias al Estado ni acciones que coadyuven para luchar contra cualquier tipo de problemática. La ciudadanía sabe que si interpone una queja en la Comisión será recibida con cuestionamientos absurdos y que ahí va estar su queja hasta que Dios se apiade de uno, te maten o desaparezcan y la queja ahí se va quedar tan solo en un trámite”, dijo.
También aseguró que la omisión y la inacción de la presidenta de la CEDH, dejan de lado la veracidad y existencia de violaciones a los derechos humanos, evidenciando la falta de apoyo a quien recurre a este órgano.
“No hay ningún tipo de acción, mis compañeras han levantado quejas, de hecho tenemos un caso de una persona del municipio de Tamuín, que enfrenta una omisión gravísima a varias quejas que ha interpuesto sobre una acción que vulnera sus derechos humanos. Quien nos dice que no sabe qué hacer pues se le siguen violentando sus derechos ante la falta de una recomendación”, apuntó.
Y a pesar de que existen cientos de casos –que como este– son presentados ante la CEDH, Pérez Rodríguez señaló que acudir a solicitar apoyo e intervención de este órgano estatal es reafirmar que tanto la presidencia como las visitadurías no tienen el más mínimo interés en hacer de manera efectiva su trabajo.
“Qué voy hacer yo con el visitador primero, segundo o tercero, o con la presidenta si ante estas quejas, o petición de recomendación tan solo dicen ‘lo vemos, lo vemos”, declaró.
Aunado a esto, Edith Pérez señaló que este actuar es repetitivo y que incluso en el mes de noviembre del año pasado, Alejandro García Alvarado, tercer visitador de la CEDH, quedó como encargado de elaborar y presentar un informe sobre la investigación de hechos relacionados con desaparición de personas en San Luis Potosí, del cual la activista declaró que tan solo fue un ensayo de información tomada de redes sociales.
“Fue un ensayo tomado de la red, del Facebook de Voz y Dignidad, de lo que ha dicho el fiscal y la comisionada nacional. Lo componen, y apenas en enero lo presentan, y es un plan de acción para empezar a escribir dicho informe. Entonces el informe que ya estaba hecho, casi terminado ¿dónde quedó?”.
Este informe no ha podido concluirse pese al aumento de víctimas por desaparición registradas los últimos meses en municipios de la zona Media del estado.
El transitar de las víctimas y su deseo destituir a la presidenta de la CEDH
Tan solo ocho días después de que Argüelles Moreno tomó protesta como presidenta de la CEDH, en abril de 2021, un grupo de mujeres víctimas tomó las instalaciones de este órgano; argumentaron que la elección estuvo “maquinada” para colocarla en un puesto para el que no estaba preparada.
Recordaron las 23 rondas de votación que tardó el Pleno del Congreso del Estado para elegir a la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Finalmente, Argüelles Morena fue elegida con 18 votos para ocupar el cargo durante cuatro años, en el periodo del 1 abril de 2021 al 31 de marzo de 2025.
Según indica la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanna Argüelles podría ser reelecta por el Congreso del Estado por otro período igual consecutivo.
En noviembre de 2022, el periodista Juan José Rodríguez escribió en su columna Las Nueve Esquinas sobre esta elección:
“Entre las pruebas disponibles en la Fiscalía, hay un intenso tráfico de mensajes electrónicos el día 25 en los que se habla de que mientras no depositen (el Ejecutivo vía Seduvop) los millones ofrecidos, la votación no sale. Cinco días más tarde, de una cuenta de la Seduvop (cuya documentación tiene en su poder la FGE), se diseminan algo así como tres y medio millones de pesos en las cuentas de algunos diputados, y en cosa de minutos el pleno legislativo elige a Giovanna”.
Entre quienes se manifestaron en contra de Giovanna Argüelles se encontraba Silvia Castillo Hernández, víctima colateral del homicidio de su hijo Alan Francisco Ibarra Castillo en el año 2019, y María de Jesús Armendáriz Prieto, víctima de violencia laboral y acoso sexual por parte de un funcionario del Gobierno del Estado, quienes manifestaron que la nueva presidenta no atendía sus peticiones, entre ellas la emisión de recomendaciones.
Luego de más de un año, en mayo de 2022, nuevamente víctimas se manifestaron, pero en aquella ocasión tomaron el elevador del organismo para impedir que la presidenta Giovanna Argüelles saliera del edificio sin atender sus peticiones, la misma de meses anteriores: emitir recomendaciones.
Para el 20 de junio, víctimas solicitaron una reunión con el Consejo Consultivo de la CEDH, para exigir la destitución de la presidenta y exhibieron la incompetencia de las visitadurías y el área de recepción de quejas.
En ese momento, las víctimas refirieron que de no llevarse a cabo la destitución, solicitarían que la presidenta de la CEDH compareciera ante el Congreso del Estado por las omisiones cometidas durante su cargo.
Para noviembre del año pasado se volvió evidente que con el trabajo de Argüelles Moreno no se obtendrían los resultados esperados, tanto así que un numeroso grupo de víctimas se presentó ante la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Gabriela Martínez Lárraga, para solicitar la destitución de la titular de la CEDH.
Sin embargo, Martínez Lárraga optó por mantener una postura discreta y no posicionarse al respecto de las demandas de las víctimas. Argumentó que lo primordial era encontrar una solución óptima a sus demandas, mas no “cortar cabezas”.
“Lo que pasa es que se amparan mutuamente. En lo que se ampara la diputada Gabriela es en el decir ‘yo no tengo ningún documento que me avale para poder quitar a la presidenta’, hay un documento que avala que ellos la ponen, pero no que ellos la quitan”, explicó Torres Cuevas.
Por lo que sería necesario cambiar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que esta destitución pudiera ser posible.
“Hubo algún momento en el que la Ley permitía que los consejeros quitaran al presidente y precisamente porque hubo ese conato, lo quitaron de la Ley”.
Y a pesar de que parte del Consejo Consultivo ha sido expresamente claro en puntualizar a la presidenta de la CEDH cuáles son su errores, ella ha evitado a toda costa el atender estas observaciones.
“En la última sesión de diciembre le expusimos, le dijimos, bueno de hecho no hicimos lo que se tenía planeado, pero le dijimos ‘estás dañando los derechos humanos. Ella se comprometió y dijo que iba cambiar”, comentaron Torres Cuevas y Pérez Rodríguez.
Parte del acuerdo al que llegaron en ese momento fue que al iniciar el año, en el mes de enero, se llevaría a cabo una revisión a las actas de cada una de las sesiones, para extraer de ahí propuestas de trabajo.
“Pero no pasó nada, se está ocupando una silla con alguien de la que no va prosperar nada. Yo se lo dije, que jamás iba estar de su parte, mientras no haga nada”, declaró Pérez Rodríguez.
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