Fernanda Durán
Durante la madrugada de este viernes 7 de abril diversos elementos de la Guardia Civil Estatal utilizaron la fuerza pública para desalojar el plantón que mantenían los trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadores del Gobierno de Estado (SITTGE) en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.
Alrededor de las 5:00 de la mañana, agentes del ministerio público notificaron a los sindicalizados y a los representantes de las organizaciones que los acompañaban sobre una orden judicial para “restituir el libre tránsito peatonal”, que de no acatarse tenían autorización por parte de un juez de control para usar la fuerza pública.
Los sindicalizados pidieron a los agentes que intercedieran para que no fueran desalojados, ya que aún solicitan una audiencia con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para atender sus demandas.
El SITTGE ha informado que actualmente hay más de 200 agremiados con adeudos de sueldos desde hace más de seis meses.
Desde el 8 de abril de 2022, Jorge Vega Arroyo, subsecretario de Gobierno, y Noé Lara Henríquez, oficial mayor, firmaron una minuta en donde se comprometieron a resolver las demandas laborales del sindicato, misma que no ha sido cumplida hasta ahora, por la cual habían mantenido mesas de negociación durante esta semana.
Luego de casi 40 minutos de discusión por inconformidad de los manifestantes, los elementos comenzaron a movilizarlos a la fuerza.
Incluso señalaron que algunas de las personas que fueron agredidas y retiradas del lugar eran personas con discapacidad, las cuales no podían movilizarse de forma inmediata.
De acuerdo con los manifestantes, en el lugar también habían niños que acompañaban a los agremiados.
Durante el desalojo los agremiados reportaron que había oficiales con aliento alcohólico, a su vez solicitaban la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ante las agresiones que percibieron.
Finalmente, cerca de las 6:00 de la mañana el SITTGE y organizaciones nacionales de sindicalizados se retiraron de la Plaza de Armas, en ese momento denunciaron “la actitud de incapacidad del Gobierno de Ricardo Gallardo para resolver los problemas de sus trabajadores” y reprocharon el desalojo ejercido con más de 50 policías de la GCE.
