Texto y fotografías de Fernanda Durán
Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación en San Luis Potosí se unieron este miércoles 21 de agosto en un pronunciamiento de resistencia, un llamado a la unidad y a la acción en defensa de los principios fundamentales de la justicia y la democracia en México.
A dos días del inicio del paro indefinido de los trabajadores y el arranque del paro por parte de jueces y magistrados, dieron una rueda de prensa en la que citan a la jueza Juana Fuentes Velázquez; externaron su preocupación ante la reforma legislativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por una mayoría parlamentaria.
“Estamos en un momento crucial para el futuro de nuestra nación”, comenzó Cristian Alfredo Samayoa Mendoza, magistrado de circuito, al destacar que la reforma legislativa en cuestión amenaza los cimientos del Estado de Derecho, pues no sólo pone en peligro la independencia judicial, sino también la estabilidad democrática del país.
“Este intento de concentración del poder en una sola persona no sólo es una afrenta directa a la independencia judicial, sino también un golpe mortal a la democracia”.
Con el pronunciamiento, Samayoa Mendoza recordó que “la justicia para hacer justicia debe ser imparcial y libre de toda injerencia externa”, citando la jurisprudencia internacional y al destacar que la reforma representa una amenaza para la estabilidad del país y los derechos humanos.
También explicó que la suspensión de las actividades jurisdiccionales en todos los juzgados y tribunales federales del país a partir de este 21 de agosto es un acto legítimo de resistencia contra la reforma y un llamado a la protección de la justicia.
Con ello hizo un llamado a todos los jueces, magistrados y a la sociedad civil para que se unan en la defensa de la democracia y la independencia judicial, además de advertir que el futuro del país está en juego.
En un momento de trascendencia, el licenciado Jorge Chessal Palau, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en San Luis Potosí, expresó su rechazo a la reforma legislativa, caracterizándola como un atentado contra la justicia.
Describió la iniciativa como una “mano que es llevada por la venganza y el rencor”, y que el dictamen es un producto del “hambre, la ignominia y la indignidad”, pues se trata de un “atentado en contra del Estado de Derecho”, lo que subraya la gravedad de su impacto.
Chessal Palau también mencionó que el capítulo de San Luis Potosí de la Barra Mexicana Colegio de Abogados participará activamente en foros de reflexión y en la lucha contra la reforma, al destacar su convicción de que “ese no es el México que queremos”.
Explicó que el propósito es “levantar la voz junto con ustedes”, haciendo un llamado a la unidad y a la acción conjunta.
Señaló la indignación que le causaba que se sugiriera que los jueces podrían ser seleccionados por “tómbola”, y que esta es una forma de “despreciar una de las funciones más altas que tiene el Estado”, lo que se traduce como desprecio hacia la seriedad y la importancia de la función jurisdiccional.
Mariela, en representación de la Comisión de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial del Estado, leyó un mensaje de apoyo que reafirmó la solidaridad de la base trabajadora con el movimiento de resistencia y que la lucha no sólo defiende los intereses del gremio, sino que busca preservar una verdadera división de poderes y garantizar un sistema judicial independiente y profesional.
Roberto Vega Turrubiartes, representante de circuito del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, también tomó la palabra para subrayar que el movimiento de protesta representa la defensa de principios fundamentales de justicia y derechos humanos, pues se les ha subestimado.
“Nos subestiman, quienes mienten descaradamente al decir que somos acarreados pierden de vista que la naturaleza de nuestra función como defensores del derecho nos exige una alta especialización que nos permite tener criterio propio, especialización que se logra, por cierto, gracias a la carrera judicial federal que quieren destruir”.
Al final, los manifestantes, acompañados de algunas organizaciones civiles como Potosinos Con Valor, entonaron al unísono frases como: “La gente se pregunta ¿y ellos quiénes son? Somos garantes de la Constitución”.
El magistrado Samayoa Mendoza indicó que al menos en la capital del estado hay alrededor de 50 titulares de órganos que se sumaron a la protesta. El universo a nivel nacional es de mil 400 juzgadores, de los cuales el 80 por ciento estuvo de acuerdo con la decisión, según lo expresado por el magistrado.
En cuestiones de trámites, detalló que atenderán asuntos urgentes de acuerdo con los lineamientos que inclusive fueron emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, es decir, “la justicia federal no se detiene. Se siguen atendiendo a aquellos asuntos urgentes que fundamentalmente tienen que ver con reclamos relativos a la libertad, temas que puedan poner en compromiso serio derechos humanos. Sin embargo, para los asuntos ordinarios se mantiene en este tema del paro”.
