Texto y fotografías de María Ruiz
Personas indígenas integrantes de las comunidades mazahua y otomí de San Luis Potosí se manifestaron y cerraron de manera simbólica las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) delegación San Luis Potosí, tras denunciar actos de discriminación por parte del encargado del despacho de Asuntos Indígenas, Martín Esteban Reyes, y uno de sus funcionarios de área, Fidel Martínez Villarreal.
Esto luego de que a lo largo de este 2023, según lo remarcado por las y los afectados, no fueron incluidos en Programas para el Bienestar de los pueblos indígenas, debido a que el actual representante de estas dos comunidades, Vicente Domingo, no los considera nativos de sus comunidades.
Un problema que remarcaron inició desde la supuesta imposición de Vicente Domingo, quien no fue elegido por ambas comunidades, por lo que han solicitado de manera continua al INPI le retiren su cargo.
“Hasta el día de hoy el INPI nos tiene olvidados, no podemos acceder a los programas que por derecho somos beneficiarios, porque el actual representante, el señor Vicente Domingo, no nos incluyó en ellos y el señor Martín Esteban sabe que no accedemos a estos derechos, junto con su compañero Fidel, que siempre que venimos a solicitar apoyo nos trata mal”.
Por lo que exigieron a Esteban Reyes que, como lo plantean los usos y costumbres de sus comunidades, integre a Joaquín Martínez García como único representante electo por parte de los integrantes mazahuas y otomíes, para poder acceder a estos programas.
Por su parte, el encargado del despacho de Asuntos Indígenas refirió que esta problemática nace de un conflicto interno entre comunidades y familias, por lo que el INPI no tiene jurisdicción al ser ellos quienes deben determinar quién es su verdadero representante.
Respecto a la falta de acceso a los beneficios que son, Esteban Reyes indicó que es mentira que no puedan ser incluidos en los programas.
“Tengan representante o no, su derecho es acceder a estos programas, no hay problema con ello y a ellos se les tiene una consideración legítima porque sabemos de sus demandas sociales y que enfrentan en muchas ocasiones condiciones de marginación y pobreza”.
