Estela Ambriz Delgado
Después de la más reciente reunión de estudiantes y padres de familia defraudados por la Universidad Potosina, ubicada en avenida Carranza, con autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) el lunes 15 de julio, quedó claro que la única forma de darle validez a los estudios que han cursado depende de que el rector Arturo Segoviano García tramite un nuevo Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ante la Federación.
Sin embargo, aunque eso sucediera, la SEGE solamente podría realizar la gestión de 40 alumnos que sí fueron registrados en la matrícula en 2019, y las generaciones subsecuentes tendrían que llevar sus trámites de registro ante las autoridades federales.
En diversos de videos que fueron tomados por los afectados durante la reunión proporcionados a Astrolabio, dado que solo se permitió el ingreso a los afectados, los funcionarios indicaron que tras el acercamiento con la Dirección General de Acreditación, Incorporación, y Revalidación, en el Área de Instituciones Particulares de Nivel Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), inclusive les llamaron la atención por tener esos 40 estudiantes reconocidos, pues de acuerdo a la reforma en la Ley de Educación en 2019, debieron transitar su control escolar a la Federación.
El director de Planeación y Evaluación de la SEGE, José Gerardo Perdomo Quintero, les dijo que la autoridad federal les pidió que por única ocasión se atendiera a nivel estatal el caso de esos alumnos matriculados con el RVOE que se encuentra suspendido, dada la complejidad de la problemática y que es posible demostrar que fueron registrados previo a la reforma, pero cualquier otro estudiante tendría que hacer el trámite a través del representante legal de la institución en caso de que se regularice.
“Ese tema es complejo, nos empezamos a topar ya con restricciones dentro del marco jurídico que está vigente. Sin embargo, reitero, no nos estamos deslindando ni lo haremos en ningún momento de la situación, seguiremos siendo los interlocutores, pero sí es importante reiterarles que es un tema federal, que la naturaleza del problema en cuanto a los alumnos que no fueron inscritos por el particular después de 2019 es un tema completamente federal”.
El procedimiento contra la institución
El representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de SEGE, Luis Contreras, informó que actualmente existen dos procedimientos administrativos contra la Universidad Potosina: uno que se sigue con el domicilio que tenía registrado el RVOE de Medicina en la calle de Constitución, porque nunca hubo un cambio de domicilio; y un segundo en su ubicación de avenida Carranza 726.
De igual forma, dijo que se trata de un procedimiento de sanción a particulares, en el cual se tienen que seguir etapas como ofrecimiento de pruebas, alegatos y resolución, del que no puede dar más información porque transcurren términos que se le han notificado de manera personal a quien se ostentaba como representante legal.
El abogado aseguró que, al finalizar, la SEGE emitirá la sanción respectiva, y si el particular se encuentra en posibilidad de regularizarse, entonces se podrán expedir las equivalencias para las y los alumnos que ingresaron posterior a 2019.
Sin embargo, el jurídico reconoció que una vez concluido el procedimiento instaurado por la Secretaría, el representante legal tiene a su vez derecho de impugnarla y presentar un juicio de amparo o de nulidad.
Por su parte, el director de Planeación y Evaluación precisó que el proceso administrativo se tendría que desahogar en un plazo no mayor a dos meses, por lo que en el mes de agosto ya se tendría la resolución donde se le exhortaría para que se regularice, y en ese momento ya tendría la obligación.
Consideró que esto, a la par de las denuncias que los estudiantes han presentado, puede ayudar para que a Segoviano García no le quede otra que pagarles o regularizarse.
El golpe de realidad para los afectados
Ante la pregunta concreta de un estudiante de décimo semestre, quien dijo encontrarse entre los 40 que fueron registrados en la matrícula, sobre si es factible que continúen con su servicio social, Perdomo Quintero le respondió que sí por un tema de formación del estudiante, pero no habría forma de validarlo en tanto no se regularice la institución, por lo que sería una decisión personal.
“Por el tema personal de superación, de capacitación, yo pensaría que sí, la respuesta es sí. Sin embargo, le vas a invertir más tiempo a algo que hoy no tenemos la forma de validar”.
Respecto a la posibilidad de que SEGE pudiera tener convenios con escuelas privadas como la Universidad del Valle de México (UVM) o Universidad Cuauhtémoc, una estudiante confrontó al funcionario al afirmar que les estaban mintiendo y lavándose las manos, pues ella se acercó a ambas instituciones: en el caso de la primera, ya sólo contaban con tres lugares; y en la segunda ya no había fichas de ingreso. Al mencionar el convenio, le dijeron que no sería acreedora si no se encontraba matriculada.
Perdomo Quintero reconoció que actualmente no hay convenio como tal y ha sido difícil que, al ser una carrera tan demandada, las universidades quieran ceder espacios con beca para los afectados, cuando hay cientos de aspirantes que pueden pagar de forma completa.
Aunque dijo que sería bueno tener un listado de a qué institución en particular tendrían interés, estas no tienen campos clínicos suficientes, por lo que también están en busca de opciones foráneas.
Al final de la reunión quedó claro que, en este momento, las y los estudiantes no podrían inscribirse en ningún otro lado porque no pueden obtener algún certificado parcial o total de materias, y que cualquier constancia que se pague a Arturo Segoviano no va a tener validez ante ninguna otra institución.
Asimismo, los funcionarios sólo se comprometieron a emitir próximamente un comunicado en el que anexarán la lista de los 40 estudiantes registrados en SEGE, y llevarán a cabo una próxima reunión en agosto, a fin de contar con la resolución y que ya puedan estar firmados los convenios con otras universidades.
Los padres de familia consideran que el panorama es sumamente complicado, pues si acaso la Secretaría podría “apoyar” a los alumnos de la generación 2019, depende de la voluntad del rector de regularizarse, quien en cinco años no lo ha hecho, por lo que consideran que la SEGE se ha deslindado de un problema que permitieron con su omisión.
“Se deslindan de cinco años que no supervisaron a la escuela, ni los estatales ni los federales, dicen que están siguiendo un proceso para sancionar a la institución y a su representante legal, pero también dicen que todas las acciones que ellos puedan llegar a realizar, él puede ampararse a través de un juicio de amparo o de nulidad, e irse libremente. Entonces SEGE básicamente nos está diciendo que con un amparo el señor puede salir libre de castigo, es muy triste porque la SEGE ya lleva casi dos meses mintiéndonos”.
