Fernanda Durán
Representantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) exigieron a la administración estatal que “cese el terrorismo laboral” y pidieron la destitución de Julio César Martínez Vázquez, director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del DIF estatal, por sus conductas “ilegales” al participar en los despidos a sindicalizados.
En rueda de prensa celebrada este lunes 13 de febrero, Rosario García Leija, secretaria de prensa y propaganda del SUTSGE, indicó:
“Hacemos nuevamente un llamado a las autoridades estatales para que cese el terrorismo laboral que continuamente hemos estado denunciando que queda comprobado con el actuar irregular e ilegal completamente de este funcionario”.
El SUTSGE señaló que el abogado ha participado en el levantamiento de distintas actas administrativas donde actúa de forma “autoritaria”, por lo que exigen que se respeten los derechos humanos de los agremiados.
Martínez Vázquez recientemente quedó evidenciado durante el despido a un trabajador del Instituto Temazcalli Prevención y Rehabilitación el pasado miércoles 8 de febrero.
García Leija reveló que el día de los hechos, el titular de Asuntos Jurídicos del DIF también amenazó al representante sindical del SUTSGE en el Instituto Temazcalli, al asegurar que sería el siguiente despedido.
“Queremos comentar que tanto nuestra ley suprema como la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado impone la obligación a los funcionarios públicos de conducirse con pleno respeto a los derechos humanos y laborales”.
De acuerdo con el DIF estatal, el trabajador cesado de nombre Juan Carlos Rivera Martínez, quien se desempeñaba en el área de jardinería, fue despedido debido a que tenía denuncias por acoso hacia sus compañeras.
Al respecto, el sindicato manifestó su desconocimiento sobre las acusaciones en contra del extrabajador.
A su vez, Israel Iván Flores Rivera, asesor jurídico del SUTSGE, lo calificó como un actuar injustificado, pues afirmó que el acta administrativa que otorgaba el despido no precisaba la imputación, ni contaba con el acta de investigación que requiere.
