Por Eduardo Delgado
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició de oficio la investigación acerca de la propaganda difundida por los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez con la palabra “Gallardía” y no la ha sobreseído, como declaró Marco Antonio Aranda Martínez, Secretario General de la comuna capitalina, precisó la representante del Partido Acción Nacional en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Lidia Arguello Acosta, quien además admitió que las medidas cautelares dictadas por el organismo local “no son definitivas”.
El INE, explicó en entrevista, “repartió” la indagatoria: Se quedó con el rubro de radio y televisión y al CEEPAC le asignó averiguar respecto de la publicidad en medios impresos, digitales, bardas y espectaculares.
“No es sobreseimiento ni que se haya desistido. Tampoco se lavó las manos. De haberlo hecho simple y sencillamente habría cerrado el capítulo sin que nadie se diera cuenta, luego de haber confirmado que no había ninguna violación a las leyes, porque fue una investigación iniciada por la Unidad Fiscalizadora del INE”, precisó.
La panista señaló que hay tres expedientes originados por la inclusión de la palabra “Gallardía” en la propaganda de ambos ayuntamientos y en contra de sus respectivos presidentes municipales, señalados como responsables.
“Nosotros interpusimos una queja en desacuerdo con el programa de Borrón y Cuenta Nueva, en contra del presidente municipal, los diputados e Interapas, por el uso de un programa social a su favor”, detalló.
Un grupo de ciudadanos, agregó, “incluyeron el programa de “Pollitos a la Escuela” y el otro es un expediente que de oficio inició el INE, por presuntas violaciones a la Constitución”.
Respecto de las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del CEEPAC “no veo porque tanto ruido si cualquier autoridad puede hacerlo, siempre y cuando la ley se lo autorice”, enfatizó.
Pero, señaló, son ordenanzas que pueden ser impugnadas y en este caso el plazo para interpelarlas se venció el pasado viernes, y por ende habría que confirmar si fueron objetadas, ya sea por los alcaldes, los diputados perredistas o incluso el Interapas.
A su parecer las posturas adoptadas por el Secretario General, Marco Antonio Aranda y el diputado J. Guadalupe Torres Sánchez, del PRD, “es parte de su estrategia de defensa y un acto de autoridad en reacción a un emplazamiento”.
“Cada quien arma su estrategia como quiere y como puede. Al final la autoridad definirá quien tiene la razón”, abundó.
Acerca de que el acuerdo del CEEPAC es improcedente porque no es época electoral, Lidia Arguello, quien hace tiempo fungió aquí como delegada de la Secretaria de Gobernación, hizo notar que las medidas están sustentadas en jurisprudencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“En la que se estableció que los actos anticipados de campaña y precampaña no necesariamente deben ser denunciados durante el proceso electoral; puede ser en cualquier temporalidad”, acotó.
- ¿La autoridad municipal debió haber retirado ya la propaganda y que sucede si no lo hace?
- Sí. Esperaremos a que el tribunal confirme el acuerdo de las medidas cautelares y entonces estaremos pidiendo a la autoridad que las haga valer.
- ¿No debería ser ya?
- A toda determinación la ley concede el derecho de impugnar y ahorita estamos en etapa de que puede ser que las autoridades a las que se les dictaron las medidas cautelares se duelan de que se les están violando sus derechos.
Dijo percibir “ignorancia” en el señalamiento del legislador perredista, Torres Sánchez, respecto de que fueron dos consejeros los que avalaron las medidas precautorias.
De si no sería también, ese señalamiento, una especie de amedrentamiento, estimó que “no es mala esa percepción, porque es parte de lo que están acostumbrados a hacer”.
Sostuvo que los consejeros resolvieron conforme les corresponde. “El hecho de que dos estén a favor y uno en contra es la democracia”, acotó.
Finalmente rechazó que las medidas cautelares hayan sido “timoratas”, considerando que es un slogan empleado desde hace más de seis años en Soledad de Graciano Sánchez.
“Si las autoridades toman cartas en el asunto a partir de ahora, que bueno que se dieron cuenta, de que se está haciendo promoción personal, aunque significa que los partidos no estaban atentos a señalar lo que estaba mal”, remató.
