Por Victoriano Martínez
Los efectos que el hackeo del grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá en el Estado aún están por verse, pues el alcance de la información que puede haber en más de cuatro millones de correos electrónicos que incluyen la filtración masiva abren una amplia expectativa sobre lo que ahí se puede encontrar.
Este martes, las revelaciones comenzaron con el seguimiento a los grupos feministas que incluyeron el registro de acciones incluso individuales hasta el registro de un poder de convocatoria para las movilizaciones cual si se requiriera un seguimiento especial.
El círculo se amplió con una colección de fichas de líderes sociales de la zona Huasteca, entre los que destaca el senador con licencia Primo Dothé Mata, además de una relación de manifestaciones y protestas de diversa índole en aquella misma región.
Una gradualidad en las revelaciones que, para el mediodía de este martes aún le permitieron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona señalar que ante los datos conocidos tras la filtración será el general Mario Arturo Fuentes Guevara, comandante de la Doceava Zona Militar en San Luis Potosí, quien deba responder por las actividades de vigilancia.
“Hay que preguntárselo al general (…) ellos tienen sus tiempos, sus formas y sus modos”, fue la expresión con la que Gallardo Cardona evitó hacer mayor comentario sobre los informes de la SEDENA sobre las feministas.
Y es que hasta ese momento la información que se comenzaba a conocer, tratándose de más de cuatro millones de correos electrónicos filtrados, sólo daba para especular hasta dónde se podría ampliar el círculo o los círculos de personajes a los que la SEDENA les ha dado seguimiento.
El periódico español El País publicó, bajo el título “El Ejército mexicano investigó a diputados, senadores y gobernadores”, una serie de revelaciones que dan cuenta del alcance de la vigilancia militar, en el que mereció mención especial el gobernador potosino.
“Tiene uno de los perfiles más detallados. Con 15 páginas, la ficha detalla cosas como que el político del Partido Verde tiene sangre cero positiva o las acusaciones que le llevaron a la cárcel en enero de 2015 por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y nexos con la delincuencia organizada”, menciona el diario español.
¿Ignoraba Gallardo Cardona el dato sobre su ficha en la SEDENA al momento que declaró sobre la filtración del grupo Guacamaya sobre las feministas? ¿Lo sabía, pero esa declaración fue su forma de evitar verse más involucrado en el tema?
¿Aún ve Gallardo Cardona a distancia la necesidad de una explicación del Ejército a las feministas sobre “sus tiempos, sus formas y sus modos” o acaso ya se puso en contacto con el general Fuentes Guevara para que se los explicara en corto sobre su caso y, de paso, conocer qué más información tienen sobre sus antecedentes?
De algún modo, todo antecedente personal es una carga de la que muy en el fondo se tiene conciencia y seguramente para Gallardo Cardona debe ser inquietante saber que el amparo por el que fue liberado en diciembre de 2015 no fue una exoneración, sino una mala clasificación del delito que sí cometió.
Si aquella determinación del juez federal se añade que el 14 de agosto de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por el desvío de más de 724 millones de pesos en contra de él, su familia, sus empresas y sus socios, la inquietud sobre los alcances del seguimiento que la ha hecho la SEDENA debe ser mayúscula.
Un poco peor si sobre el seguimiento de la SEDENA al entorno de Gallardo Cardona se da cuenta de que también se vigiló a los miembros de su actual gabinete.
No es novedad que haya vigilancia desde el gobierno, incluido el Ejército, como parte de labores de inteligencia que pueden tener intenciones de prevenir riesgos. Lo preocupante es que se abra tanto el espectro. ¿Cuántas fichas de personajes potosinos y de qué ámbitos de la actividad pública, empresarial, educativa, religiosa o cualquier otra ha elaborado la SEDENA?
¿Cuántos habitantes del Estado hoy pueden preguntarse si existe la posibilidad de que el Ejército –o cualquier otra instancia gubernamental federal o estatal– cuentan con una ficha con su historia personal y para qué fines?
