Carlos Rubio
El Concejo de Villa de Pozos y su nueva administración entró en funciones el pasado martes 1 de octubre, en una toma de protesta que exhibió su falta de estructura al grado de no poder organizar un evento protocolario sin fallas. Fueron dos meses y medio desde que se publicó el decreto de creación de municipio, y mes y medio desde que se eligió al Concejo sin que alguien pudiera prever la contratación de un maestro de ceremonias que encabezara el acto, por lo que la concejala presidenta tuvo que salir al quite.
Desde ahora, una administración aparte del Ayuntamiento capitalino maneja el presupuesto de Villa de Pozos, que para estos últimos tres meses del año será de 85 millones de pesos, un monto tan bajo para un municipio que vuelve más fácil poner la lupa en cada peso que se mueva.
Para ponerlo en perspectiva: no es ni la quinta parte del presupuesto previsto en el contrato firmado para la construcción de la Arena Potosí.
Al pasar a ser un ente que maneja recursos públicos, Villa de Pozos se ha vuelto un nuevo sujeto obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, y como tal, tendrá hasta el 10 de noviembre para presentar sus primeros reportes de cumplimiento a los artículos 84 y 85.
De no hacerlo, Villa de Pozos extenderá una estela de opacidad esperada, por los antecedentes de quienes promovieron su municipalización e iniciará con una mancha en el historial y una decepción para los poceños que de verdad confiaron en el proceso.
La novatez con la que arranca el municipio vuelve previsible que ni si quiera se haya pensado en tener al menos una computadora destinada para arrancar con una Unidad de Transparencia y mucho menos nombrar a un titular.
El día en el que se piense nombrar a un encargado o encargada de esta área, será cuando se den cuenta que es un puesto más que puede usarse para cubrir con una cuota partidista. Pero al final es muy fácil darse cuenta de esto: el perfil termina siendo el de alguien con un amplio historial en un partido político, que no sabe ni cómo presentar una solicitud de información.
Lo importante será también ver el accionar de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), cuyos comisionados seguro están enterados de la creación del municipio número 59 en San Luis Potosí, que empezará a manejar recursos públicos, que los poceños (y cualquier otra persona) tienen derecho a saber en qué se utilizan
¿Se acercará la CEGAIP a tocar la puerta de Villa de Pozos para incluirlos en la Plataforma Estatal de Transparencia y exigirles cumplir la ley? ¿O esperara a que el municipio, por cuenta propia, supere una batalla contra sus propias deficiencias y decida, un año después, hacerse responsable de sus obligaciones?
Una cosa es lo que debe ser y otra es la voluntad que cada lado tenga para que esto suceda.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
