Por Victoriano Martínez
El proceso de municipalización de la Delegación de Villa de Pozos, que se encuentra en suspenso, pero no cancelado, será un tema que en este 2024 dejará expuestos más elementos sobre la negligente actuación de los diputados que integran la actual Legislatura, así se trate de responsabilizar a quienes promovieron juicios de amparo contra las ilegalidades cometidas.
Es innegable la existencia de un grupo de habitantes de la Delegación organizado desde la última década del siglo pasado para promover legítimamente la municipalización de Villa de Pozos, pero también el hecho de que el grupo hoy en el poder estatal haya protagonizado un intento de municipalización a trompicones deja ver intereses muy ajenos a los de los promotores originales.
Un proceso de municipalización que bien pudo tomar como argumento la inquietud del grupo que en los años 90 encabezó Cirilo Juárez, pero que las urgencias por escindir ese territorio del municipio de la capital y contemplarlo para las elecciones del próximo 2 de junio indicaban una intención más relacionada con una expansión de dominio territorial y sus accesorios.
Las prisas no son buenas, y las omisiones en las que incurrió el Congreso del Estado al tramitar la solicitud de municipalización con el presunto apoyo de más de 31 mil firmas fueron las que dieron pie a que se decretara la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1282/2023, tramitado en el Juzgado Primero de Distrito.
Tanta fue la urgencia por contar con un nuevo municipio que pudiera ser alzado como un trofeo electorero más el 2 de junio, que el dictamen municipalizador estuvo listo y agendado en una sesión del Pleno del Congreso del Estado del 3 de octubre en espera de que el Juzgado Primero de Distrito desahogara la audiencia incidental y anulara la suspensión provisional. Ocurrió lo contrario.
Se argumentó en contra del Juzgado que había privilegiado el interés de una persona por encima de los 31 mil firmantes de la petición y los 36 mil votantes a favor de la municipalización en el plebiscito del 24 de septiembre.
Una argumentación que aún persiste para distraer sobre lo que es la verdadera materia de un juicio de amparo: revisar que los actos de la autoridad se apeguen a los principios constitucionales y de legalidad. Si el juicio de amparo avanzó es porque la actuación de los diputados careció de pulcritud jurídica.
El entusiasmo provocado por la percepción de que se daba por hecho la municipalización de Villa de Pozos quizá hizo perder de vista a los promotores originales del nuevo municipio que el proceso debió cuidarse de tal manera por parte del Congreso del Estado, y hoy prefieren enfocar sus protestas contra la revisión de la legalidad que contra quien, por motivos distintos a los suyos, cometieron actos que hoy tienen suspendida judicialmente la municipalización.
Y es que, si la causa de la causa es la causa de lo causado, la responsabilidad sobre el avance del juicio de amparo por el que este 2 de enero se manifestaron habitantes de Villa de Pozos que piden su municipalización está en las presuntas fallas con que el Congreso del Estado le dio trámite a la solicitud que ellos presentaron.
Y tan incurrió en presuntas faltas al procedimiento el Congreso del Estado, que el pasado 14 de diciembre un segundo juzgado, el Tercero de Distrito, decretó otra suspensión provisional contra el proceder del Congreso del Estado en el trámite a la municipalización de Villa de Pozos, en esta ocasión sobre el expediente 1298/2023.
La determinación de ambos juzgados tiene como punto en común que se trata de presuntas faltas en el procedimiento de la municipalización a cargo del Congreso del Estado que, si se confirman, el proceso tendría que comenzar desde el principio… y más valdría a los genuinos promotores del nuevo municipio vigilar y exigir a los diputados que no sean los saboteadores de su petición.
