Por Victoriano Martínez
La de Mónica Rangel Martínez, ex titular de los Servicios de Salud en el Estado, no es cualquier vinculación a proceso, y no sólo porque se trate de una ex candidata a la gubernatura, contrincante del actual gobernador, o porque haya sido un funcionaria de muy alto nivel, al grado de que llegó a tener un sueldo formal superior al del propio ex mandatario Juan Manuel Carreras López.
Su vinculación a proceso es la segunda para un integrante del gabinete legal del anterior sexenio. Independientemente del tufo a venganza o cobro de facturas que pueda tener, el hecho de que dos ex secretarios gubernamentales se encuentren presos comienza a ser un indicador de los niveles de corrupción que se dieron durante la pasada administración.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó irregularidades en las cuentas públicas en los primeros cinco años del gobierno de Carreras López por mil 577 millones 392 mil 316 pesos, de los cuales mil 73 millones 109 mil 912 pesos, el 68.03 por ciento, correspondieron a los Servicios de Salud encabezados por Rangel Martínez.
¿La ex candidata de Morena a gobernadora llegó a los Servicios de Salud para desviar recursos? Los primeros tres años de su gestión indican todo lo contrario: las observaciones de irregularidades en la dependencia a su cargo apenas representaban el 4 por ciento del total de las que se la hacían al Ejecutivo. Era de los entes públicos más pulcros en el manejo del erario.
Algo pasó a partir de 2019. De pronto, 82 de cada 100 pesos malgastados por el gobierno de Carreras López se malgastaban en los Servicios de Salud. Un salto exponencial en las irregularidades que difícilmente podría pasar inadvertido por el titular del Ejecutivo.
Ante una secuencia de tres años en los que apenas acumuló irregularidades por 10 millones 223 mil 386 pesos, resulta inexplicable que Carreras López no hubiera tomado medidas ante 330 millones 78 mil 959 pesos observados por la ASE.
Una vista gorda que abre sospechas fundadas de que se tomó a los Servicios de Salud como punta de lanza para disimular los mayores desvíos de recursos en una administración que no sólo aparentó el combate a la corrupción, sino que la protegió y la alentó bajo el manto protector de una bandera anticorrupción que sólo fue una mascarada.
Una vista gorda que deja ver complicidad cuando de 2019 a 2020 el monto de las irregularidades observadas en los Servicios de Salud aumentó un 122.01 por ciento, al llegar a 732 millones 807 mil 567 pesos. Está por verse el resultado de esa secuencia ahora que concluya la auditoría a la Cuenta Pública 2021, que se encuentra en proceso.
Una complicidad que no sólo se deja ver en la sospechosa tolerancia a las irregularidades, sino que se refuerza con la promoción de Rangel Martínez como candidata a la gubernatura por parte del propio Carreras López, cuyos primeros indicios se conocieron el 6 de marzo de 2020, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aquel día se transmitió desde aquí La Mañanera. Una de las asistentes a esa conferencia de prensa de López Obrador fue Rangel Martínez, a quien se pretendió que estuviera en el presídium junto al presidente. No lo logró y tuvo que sentarse entre los reporteros acompañada por Raúl Camacho Muñoz, entonces coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado.
El resto es historia: el PRI entró a una coalición para apoyar como candidato a un panista y se promovió a Rangel Martínez como candidata de Morena. No puede olvidarse que en el segundo debate, el 28 de mayo de 2021, la abanderada nuevamorenista lanzó la advertencia: “Para el Pollo vivir sin miedo es vivir con fuero para no regresar a la cárcel”.
Posiblemente en aquel momento Rangel Martínez tenía presente la información que Carreras López y Leal Tovías presumieron tener en su poder cuando el 23 de agosto de 2016 expresaron a tres organizaciones ciudadanas que les presentaron quejas sobre las corruptelas de la gallardía y respondieron conocerlas todas “y muchas otras más”.
O una de dos: están arrepentidos de no haber ordenado la integración de las carpetas de investigación y haber actuado en su momento, o trabajan a marchas forzadas por integrar expedientes para colocarlos como barricadas para tratar de evitar que la mano vengativa-justiciera de la gallardía los alcance… o las dos.
Por eso la vinculación a proceso para Rangel Martínez no es cualquiera.
Desde un bando tendría que abrir un proceso de revisión a toda la administración para la recuperación del erario desviado, antes que para un “cobro de facturas”.
Seguramente desde el otro bando también se abre otro proceso que, desde la opacidad que caracterizó a Carreras López, pretenda alcanzar la impunidad que en su momento le prodigó a quienes hoy parecen perseguirlo.
