- Coepris, Cofepris, Gobierno Estatal y Comisariado Comunal, son las autoridades responsables
- En la reunión, rechazan aceptar a empresarios como avecindados
Por Victoriano Martínez
El Comisariado Comunal de San Juan de Guadalupe violó la suspensión de plano determinada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito como parte del amparo promovido por un grupo de comuneros encabezado por Noé de la Rosa contra la convocatoria a la asamblea en la que se pretendía declarar como avecindados a empresarios relacionados con el proyecto Cañadas.
Al realizar este domingo una asamblea, además del comisariado, las comisiones estatal y federal de Prevención de Riesgos Sanitarios y el Gobierno del Estado habrían incumplido la orden del Tribunal Colegiado por no tomar las medidas necesarias para que no se realizara la reunión.
“Se concede la suspensión de plano respecto de la asamblea citada en primera convocatoria para verificarse a las once horas del veinte de septiembre de dos mil veinte, (y en la especie la que se realizará por Segunda Convocatoria el día 4 de Octubre del 2020) (…) en la localidad de Tierra Blanca Sur, en esta ciudad”, señala la determinación del Tribunal.
A pesar de esa determinación, con la asistencia de 140 comuneros se realizó una accidentada asamblea en la que, de entrada, los asistentes –como Aniceto Jasso– pidieron explicaciones sobre las responsabilidades que se generaban para todos ante la violación a la suspensión de plano ditada pro el Tribunal Colegiado.
Tras la lectura del orden del día, en el que se incluyó la “aceptación y/o reconocimiento de la calidad de avecindados de un grupo de personas”, empresarios inmobiliarios, el comunero Luis Alberto Zavala Ojeda protestó porque consideró que no era posible que a sus hermanos e hijos no les reconocieran derechos y a los empresarios los quieren hacer comuneros.
El asesor comunal, Iván Sandoval Armas, intentó convencer a los comuneros de aprobar la aceptación de los empresarios como avecindados ante la posibilidad de denuncias por los compromisos que existen con ellos, pero enfrentó un rechazo generalizado. “Te pagamos para que nos defiendas”, le gritaron luego de cuestionarle de qué lado está.
Noé de la Rosa, comunero concluyó que los empresarios inmobiliarios no lograron su objetivo de convertirse en avecindados para seguir adelante con el Proyecto Cañadas, en tanto que las autoridades estatales y comunales incurrieron en una violación a la suspensión de plano, dictada por el Tribunal Colegiado. Anunció que presentará el recurso correspondiente.
Desde el momento en que iba a comenzar la reunión, los comuneros amparados entregaron al notario público adscrito al despacho del ex Secretario General de Gobierno Alfonso Castillo Machuca, presente en la asamblea, la Suspensión del Amparo.
En la resolución, el Tribunal advierte que su incumplimiento podría ser sancionado con “una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado”.
De la Rosa explicó que el reconocimiento de empresarios como avecindados es una maniobra donde “paralelamente son reconocidos derechos parcelarios en lotes ubicados en la zona de la Cañada del lobo. Una forma de asignación simulada que prepara el camino para un reconocimiento de derechos comunales formales”.
Señaló que se trata de acciones que empatan con las determinaciones del Instituto Municipal de Planeación respecto a las peticiones de los abogados empresariales para desmantelar en los hechos el Área Natural de Protección Paisajística y de Recarga (AN-PPRE) en la Sierra de San Miguelito a través de interpretaciones a modo las áreas que llaman Unidades de Gestión Ambiental Territorial.
Tomas Jasso Menchaca, hijo de comuneros, explicó que al no poder constituir una inmobiliaria trabajan convertir en comuneros a los empresarios como primer paso, justo en las tierras donde el IMPLAN y el alcalde Xavier Nava Palacios quieren generar un uso desuelo factible, en una etapa inicial de transición.
Indicó que es una forma de adquirir dominio pleno para vender toda el área que envuelve la Cañada del Lobo.
“Así como lo hicieron en la Pila hay una coordinación entre Gobierno Estatal y Municipal, con los Juzgados Federales y Abogados corporativos, para bloquear amparos e impugnaciones. Los Juzgados están infiltrados por juniors y jueces decadentes como Laura Coria”, señaló.
Mencionó que en primera instancia, la juez Coria negó la suspensión del amparo, por lo que tuvieron que recurrir al Tribunal Colegiado, que les concedió la suspensión de plano como respuesta a la Queja 192/2020,
