Por Victoriano Martínez
Hay una especie de maldición que enfrentan las víctimas, directas e involuntarias, en cuanto les toca la mala fortuna de padecer la comisión de un delito: la actitud de unas autoridades que, por evadir su responsabilidad al mismo tiempo de pretender proyectarse como eficientes, las someten a una violencia institucional que, en el caso de Sua Jocsan Marín, fue inmediata y mortal.
Por increíble que parezca, la familia llegó a la escena de la agresión mucho antes de que las autoridades responsables de la seguridad hicieran lo pertinente para tratar se salvar la vida de Sua, que era lo mínimo que se podría esperar de ellos.
El testimonio de Alma Delia Marín García, madre de Sua, sobre lo ocurrido la madrugada del lunes 1 de mayo resulta desgarrador, produce horror y sufrimiento, sólo de imaginar la desesperación de saber que los policías, antes de ocuparse por atender al herido, impidieron a familiares y amigos tratar de llevarlo a un hospital.
“Él se desangró porque no le auxiliaron, no llegaba la ambulancia, la ambulancia se tardó una hora y nosotros estábamos en shock, no dejaban (los policías de la GCE) que moviéramos a mi hijo, lo queríamos subir a un carro y nos decían que no lo moviéramos. Fue un impacto terrible para nosotros”, mencionó.
Esa madrugada, impedir que se le atendiera fue la primera agresión institucional que como víctima directa recibió Sua mientras se debatía entre la vida y la muerte.
La institución policiaca, personificada por aquellos policías insensibles, obstruyó que pudiera acceder a que se le protegiera el más esencial de los derechos humanos, el derecho a la vida (artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
Para Sua, la maldición que padecen las víctimas llegó demasiado pronto. Para él, su familia y hasta sus amigos, la prolongación de esa violencia institucional raya en una criminalización que prácticamente los hace responsables de lo que les pasó: ¿a quién se le ocurre salir a la calle a esas horas de la madrugada?
Hay que revisar la situación de los antros, dice la autoridad municipal. Se tiene que investigar por qué hay antros abiertos fuera de horario, lanza la pelota el gobierno estatal.
Se ponen muy preventivos después de que sus omisiones en ese sentido cobraron una víctima, cuando a menos de dos kilómetros, en la glorieta Mariano Jiménez, otra persona fue apuñalada dos días antes, sin antros a la vista.
La seguridad es la seguridad, y que se garantice es obligación constitucional, independientemente de que otras faltas administrativas que la misma autoridad tolera incrementen los niveles de riesgo. A mayor riesgo mayor obligación de protección y prevención. Increíble que señalen ese mayor riesgo que ellos mismos toleran como la justificación de lo ocurrido… y sientan su imagen a salvo.
Toda una ruta de violencia institucional evasiva de responsabilidad que apenas comienza. Primero la imagen que reconocer el incumplimiento del deber. “No fue asalto”, dijeron de los dos casos. “Fue una riña”, dijeron del segundo. “Los antros, hay que hacer algo con los antros”, lo exponen como una genialidad. El caso es que la tragedia y que no se haga justicia se note lo menos.
Responsabilizar a las víctimas que ya no están y cargar parte de la culpa a las víctimas indirectas es más fácil que reconocer las deficiencias de vigilancia y, peor aún, que cumplir su responsabilidad de aclarar los acontecimientos, procurar justicia y evitar que el crimen quede impune. Una evasión que deja la mesa puesta a los criminales. Tolerar una injusticia es provocar otra.
En el caso de Sua, esa violencia institucional que pretende desviar la atención del crimen cometido resulta además ofensivamente auto encubridora. Elementos de la Guardia Civil Estatal y de Seguridad Pública municipal negaron el auxilio a las víctimas, pero también impidieron que se les procurara la atención médica que requerían con urgencia.
“Mi hijo se pudo haber salvado de esas cuchilladas, pero ellos no hicieron nada, con su falta de empatía e insensibilidad, no les importó que mi hijo se muriera. Y las otras corporaciones pues que no vigilan, porque esto se pudo haber evitado si hubiera habido vigilancia”, expresó Delia Marín García.
La ausencia de vigilancia y la falta de capacidad de los elementos policiacos –sea por falta de capacitación o por verificación de sus capacidades– son responsabilidad de la autoridad por omisión y obstrucción que debe investigarse y sancionarse hasta el más alto nivel que pudiera estar involucrado. Si el alcalde es un experto en seguridad, ¿cómo permite elementos con esas actitudes?
Esa madrugada del 1 de mayo, en Carranza y Tomasa Estévez, dejó ver que, con la farsante auto proclamación de alcalde experto en seguridad pública, Enrique Galindo Ceballos sólo finge ser lo que no es o ni siquiera siente, porque quedó expuesto que su insensibilidad y negligencia ante la urgencia de protección para la población cobra vidas… y a él sólo le interesa justificarse.
