María Ruiz
La violencia obstétrica en México es considerada una violación a los derechos humanos, la cual es una falta cometida por parte del personal de salud y está basada en las acciones y omisiones que causan daño a las mujeres durante el embarazo, trabajo de parto, alumbramiento y atención al recién nacido.
El estado de San Luis Potosí, según las cifras expuestas por el Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres A.C. (CIDEM), se encuentra entre los 17 estados en los que se comete un alto porcentaje de este tipo de violencia institucional.
Desde el año 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha registrado una cantidad importante de quejas y recomendaciones por violencia obstétrica en varios municipios del estado, las cuales han sido dirigidas a diferentes instituciones de Salud Pública.
En dicho año se presentaron un total de 29 quejas. Los municipios en donde se registraron más de cuatro casos fueron: Matehuala, Ciudad Valles, Rioverde y San Luis Potosí.
En las estadísticas también se incluyeron quejas en Xilitla y Tamuín, los únicos municipios que avanzaron en la emisión de cuatro recomendaciones.
En el año 2016 se presentaron 19 quejas por violencia obstétrica, seis de ellas fueron turnadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y solo por una se emitió una recomendación a través de la CEDH.
De todas las quejas por violencia obstétrica y violencia sobre la salud reproductiva que se presentaron durante este lapso de tiempo (2015-2016), ocho fueron por maltrato en urgencias en el área de maternidad por parte del personal de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el año 2017 solo se realizó una recomendación (79/2017) derivada de una queja formulada y relacionada con un caso de violaciones al derecho a la protección a la salud en el Hospital General de Zona No. 6 en Ciudad Valles.
Esta recomendación contiene señalamientos por la inadecuada atención médica y la pérdida de la vida, violaciones al derecho a una vida libre de violencia obstétrica, al derecho de acceso a la información en materia de salud, así como al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración.
Del año 2018 al 2022 la CEDH emitió un total de 21 recomendaciones por violencia obstétrica, de ellas, 15 fueron dirigidas al IMSS, cinco al ISSSTE y una a la Secretaría de la Defensa Nacional.
De estas 21 recomendaciones, la 20/2020, 25/2020 y 26/2020, fueron dirigidas a la directora general de los Servicios de Salud por violaciones a los derechos humanos de mujeres embarazadas en relación con la atención médica que recibieron.
Estadísticas y cifras que exponen las malas prácticas realizadas por las y los profesionales de la salud por medio de la deshumanización médica, estructural e institucional, que aquejan a cientos de mujeres en el sistema sanitario.
Una violencia sin tipificación penal en SLP
Fue en junio de 2015 que se publicó el decreto 1026 en el Periódico Oficial del Estado, en el cual se reconoce la existencia de esta violencia sistemática que ha afectado de sobremanera tanto a las mujeres potosinas como a la praxis de las ciencias médicas.
Este decreto señala que la violencia obstétrica constituye una violación a diversos derechos humanos de las mujeres y forma parte de una problemática estructural, nacional y local.
Con ello se realizaron reformas y adiciones al artículo 3 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, el cual señala en su fracción IX lo siguiente:
Violencia Obstétrica es todo abuso, conducta, acción u omisión intencional, negligente y dolorosa que lleve a cabo el personal de salud, de manera directa o indirecta, que dañen, denigren, discriminen y den un trato deshumanizado a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio; que tenga como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad.
Luego de este gran avance, durante los años 2018 y 2019, en el Poder Legislativo se presentó la iniciativa para que esta violencia contra la mujer se tipificara como delito en el Código Penal del Estado, sin que hasta ahora se haya aprobado.
Lamentablemente, hasta el momento solo existen tres estados del país que cuentan con esta tipificación: Veracruz, Guerrero y Chiapas.
Las penas que estos estados contemplan van de tres a seis años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario mínimo.
Cabe señalar que, entre los años 2018 y 2021, el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES) realizó un programa interinstitucional de prevención y atención de la violencia obstétrica; esto para contribuir en la disminución de la mortalidad materna en la Microrregión Huasteca Centro de San Luis Potosí, una de las zonas territoriales en donde se han registrado altos índices de mujeres víctimas de esta deficiente práctica médica.
Actualmente, la violencia obstétrica se reconoce por pocos como una violación a los derechos humanos y un acto de tortura hacia las mujeres, dejando un terreno infértil de avances en el área penal que favorezca de alguna u otra forma a quienes han pasado por esta tormentosa experiencia.
¿Cómo identificar si soy víctima de violencia obstétrica?
Para Eduarda Hernández Hernández, activista, enfermera con orientación en Obstetricia y maestrante en el posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la violencia obstétrica es una mala práctica que se realiza de manera constante.
Eduarda, quien pertenece a una comunidad indígena, revela que estas violencias institucionales imperan en los centros de salud pertenecientes a estas regiones donde la mayoría de las mujeres son precarizadas y marginadas.
“Se ha normalizado tanto la violencia obstétrica, que las mujeres no sabemos distinguirla. Es decir, quien acude con su médico o a un hospital para ser atendida, percibimos estas agresiones como atención, como un servicio y una actitud común por parte del personal médico”.
La especialista señala que, desde que se solicita la atención médica y esta no es realizada de manera humana y cálida, se originan parte de los malestares sociales que componen esta violencia.
“La violencia obstétrica se manifiesta hacia las mujeres, en el área reproductiva. Una mujer puede identificar que está sufriendo o padeciendo de esta violencia, al momento en que su derecho a la salud se manifiesta a través de maltrato del personal médico, como regaños, insultos, obligarlas a decidir sobre algún método anticonceptivo, que las sometan a presión sobre su planificación familiar, silenciarlas ante el dolor de algún malestar durante su embarazo, hasta no explicar sobre procedimientos médicos”.
Eduarda Hernández explica que, cualquier mujer que identifique que está siendo víctima de esta violencia, puede acudir a áreas especializadas dentro de las clínicas para levantar su queja correspondiente y así denunciar este tipo de violentaciones.
“Lo que nosotros hemos detectado, es que las mujeres que sufren este tipo de violencia no piden ayuda y no denuncian. Ellas comentan que no reconocen estas agresiones a sus derechos humanos, por ello es importante ayudarlas e informarlas, pero sobre todo reconocer que los tratos médicos indignos son violencia obstétrica”.
Por otro lado, esta investigadora menciona que muchas veces el personal de salud no acepta que está cometiendo este tipo de faltas y por ello la necesidad de que se les capacite e informe sobre estas desatenciones a las usuarias de salud.
“Existe una deuda histórica con las mujeres y por ello no basta con cursos y capacitaciones. Las mujeres se enfrentan a un momento vulnerable y la violencia obstétrica es uno de los actos violentos más graves en el sector salud”.
Y las secuelas postraumáticas que enfrentan las mujeres por este tipo de violencia son –como lo menciona Eduarda– de por vida.
“Lamentablemente al no haber un control ni apoyo para quienes son víctimas de la violencia obstétrica, las mujeres después del trauma que les ocasionó ese maltrato deciden no volver al médico, a la clínica y no continuar con sus revisiones ni chequeos”.
Una situación que tristemente lacera diversos aspectos de la vida de una mujer y que deriva no solo en un cuerpo adolorido sino en una autoestima quebrantada, que fragiliza y trastoca su estado emocional.
Adiós José María. Camila, 26 años, San Ciro de Acosta, S.L.P.
“Mi primer embarazo fue a los 17 años y ahí comenzó la tortura. Soy mujer indígena, originaria de la localidad de La Trinidad y además de sufrir violencia obstétrica, padecí la muerte de mi primer bebé”.
Esta joven y ahora madre de un pequeño de tres años de edad, relata cómo se enfrentó a este tipo de violencia en el año 2012, en el Hospital General de Rioverde, donde fue víctima de la omisión y la violencia.
“Mi hijo José María, nació y estaba fallecido. Recuerdo que pesó tres kilos 150 gramos y midió 50 cm de largo”.
Tras haber estado cinco días padeciendo de presión alta y luego de una llegada al área de urgencias, los médicos le informaron a Camila que se le infartó la placenta causando desprendimiento y sangrado, lo que ocasionó que su bebé sufriera muerte fetal.
“Fue una negligencia de los doctores ya que iba al hospital y me mandaban a mi casa de nuevo por ser ‘mama primeriza y tener que aguantar un poco mas’, esas fueron las palabras de cada médico que llegó a atenderme en el transcurso de esos días”.
Para el día cinco Camila ya había esperado un total de nueve horas en la sala de urgencias con un nivel exorbitante de presión alta.
“Ahí fue que me ‘atendieron’, ahora sí se habían disque preocupado. Los enfermeros no estaban bien capacitados y uno de ellos al tratar de canalizarme quebró la aguja en mi mano, lo que retrasó aún más mi atención médica”.
Y así continuó la pesadilla, 10 minutos de monitoreo fetal que se convirtieron en dos eternas horas, un consultorio precario que no tenía luz y al no haber nada que la alumbrara se olvidaron de que estaba ahí Camila, convaleciente y la abandonaron.
“Luego de eso, me mandaron otra vez a mi casa, para que depositara en un frasco mi orina y así analizar al día siguiente si tenía preeclampsia, pero nunca me internaron”.
A pesar de ello, Camila aún conservaba la calma y la esperanza de tener un parto sano, así como lo había soñado. Pero la esperanza y la felicidad no duraron mucho tiempo.
Al día siguiente, comenzó nuevamente con malestares, su bebé, al que llamaría José María, se movía de manera inquietante dentro de su vientre.
“Ya tenía nueve meses, mi hijo ya no tenía espacio y ese mismo día me llevaron otra vez al centro de salud. Solo me realizó un chequeo general y de control, no se alarmó, no me dijo nada al respecto. Los latidos de mi hijo aún se escuchaban”.
Pero esa noche, Camila comenzó a tener contracciones, tomó sus cosas y se dirigió nuevamente a la clínica que tantas veces la regresó, a pesar del mal estado de salud en el que se encontraba.
“Me hicieron el tacto de una manera dolorosa e indignante, como si no les importara mi cuerpo, mi bienestar y por supuesto la salud de mi hijo. A pesar de que me sentía terriblemente mal, los médicos insistieron que aún me faltaba tiempo para que mi bebé naciera, aunque estaba sangrando y así me mandaron a la casa”.
La madre de Camila la acompañaba y ella se opuso a llevársela. Se quedaron en la sala de urgencias esperando a que dilatara. El dolor y la incomodidad se volvieron constantes y para esta joven madre era ya una situación física y psicológica insoportable.
“El dolor era inaguantable. A la tres de la mañana mi mamá pidió en urgencias que otra vez me revisaran, me pusieron la máquina de latidos y mi hijo ya no se escuchaba”.
Camila cuenta que en ese momento su madre se desvaneció y ella solo pudo llorar de rabia y de tristeza.
“Mi bebé estaba muerto y ellos aún no se animaban a decirme esas palabras. Me llevaron a la sala de ecografías y, sin tacto alguno, la anestesista entró y al oído le dijo al ecógrafo ‘el bebé está muerto”.
El hijo de Camila estaba muerto desde hace más de 24 horas, tiempo en el cual el personal médico no la atendió e incluso minimizó sus malestares.
“Me hacía muchas preguntas, culpaba a mucha gente y también pensaba en mi querido hijo. Jamás voy a entender esa desatención, esa deshumanización y violencia que nos hacen pasar a las madres. Yo fui a urgencias porque de verdad me sentía mal y a ellos nunca les importó. Ahora mi hijo está muerto”.
Luego de esta terrible noticia, Camila fue intervenida y el personal médico decidió hacerle una cesárea, su hijo José María nació a las 07:05 de la mañana.
Camila llora al compartir su historia, que es la de muchas mujeres que se enfrentan a un sistema de salud obsoleto, inoperante, carente de visión humana y cruel con las mujeres que son madres.
“Mi vida no es la misma. Hoy sé que soy víctima de la violencia obstétrica y por eso me animo a contar mi tragedia. Yo como muchas desconocía en ese entonces que se podían levantar quejas por ese tipo de maltrato y callé por muchos años. Deseo que ninguna mujer pase lo mismo que yo y que cuenten con una atención médica digna, como lo merecemos”.
