Eduardo Delgado
El Tribunal Electoral del Estado (TEE) determinó este viernes que el Congreso del Estado vulneró el derecho político de José Mario de la Garza Marroquín, por no resolver su iniciativa presentada hace más de un año y por ende ordenó a los congresistas dictaminar al respecto.
Para el estudio, análisis y en su caso aprobación, el 9 de mayo de 2019, la entonces presidenta de la Directiva, Sonia Mendoza Díaz, envió la propuesta a las comisiones de Justicia, presidida por el diputado panista Rubén Guajardo Barrera, y de Derechos Humanos, Igualdad y Género, encabezada por el legislador Pedro César Carrizales Becerra.
La proposición al Poder Legislativo consiste en incluir en el Código Penal del Estado en el apartado de los delitos contra la vida e integridad personal, un capitulo sobre “Lesiones cometidas contra la mujer en razón de género”.
Este viernes, en sesión ordinaria, las magistradas Yolanda Pedroza Reyes y Dennise Adriana Porras Guerrero, y el magistrado Rigoberto Garza de Lira, aprobaron por unanimidad la resolución de la demanda del juicio ciudadano para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, del expediente identificado con la clave TESLP/JDC/756/2020.
Consideraron fundados los agravios expuestos por José Mario de la Garza, pues señalaron que la Constitución Política, federal y local, conceden a los ciudadanos el derecho a presentar iniciativas.
“La iniciativa ciudadana es como un derecho humano político-electoral, protegido constitucionalmente con el objetivo de generar la participación en la actividad pública de las personas”, sustentaron.
El reglamento interior del Congreso del Estado, señalaron, regula el procedimiento a seguir en el caso de las iniciativas y la Ley Orgánica del Poder Legislativo fija un plazo de seis meses, con la posibilidad de dos prórrogas de tres meses cada una, para dictaminar si proceden o no, de modo que los congresistas tienen como máximo un año para resolver y, en el caso concreto, del 9 mayo de 2019 a la fecha han transcurrido más de un año y dos meses “sin haber ejecutado el proceso legislativo”, asentaron.
En su respuesta a la demanda, la LXII Legislatura objetó haber consultado al Poder Judicial del Estado acerca de la iniciativa, sin embargo las magistradas y el magistrado consideraron que eso sólo es parte del procedimiento legislativo.
Los diputados arguyeron también la suspensión de actividades legislativas, decretada a causa de la contingencia sanitaria el pasado 19 mayo, en cuyo caso los magistrados advirtieron que el plazo para resolver la iniciativa venció diez días antes.
Por tanto, el Tribunal Electoral dio por acreditada la violación del derecho político-electoral de quejoso y les ordenó a los legisladores locales agotar el procedimiento.
