Por Victoriano Martínez
Mientras los hechos criminales de alto impacto se vuelven más frecuentes y aparatosos, los encargados de la seguridad se reparten responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno para evadir la propia y comparten justificaciones y no acciones concretas de apoyos prometidos como los 400 elementos que enviaría la Federación a reforzar a las corporaciones locales.
La Federación le deja el paquete al Estado al involucrarla en programas como el de Jóvenes Construyendo la Paz y ofrecer apoyar con elementos de la Guardia Nacional, pero sólo de palabra que proyecta buena imagen, sin que en los hechos haya llegado un solo policía federal al Estado.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, ha quedado muy bien con su estado natal… en el discurso.
La funcionaria federal potosina es sin duda la viajera más frecuente al Estado y con la que en más ocasiones el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha aparecido en fotografías difundidas en gacetillas (propaganda disfrazada de noticia) para cumplir su afán de proyectar la imagen de que cuenta con el total respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Si hasta ahora Gallardo Cardona es quien, por la vía de su promoción personal, se ha favorecido con las visitas de Rodríguez Velázquez, la originaria de la Huasteca en los hechos sólo ha contribuido al gobierno de apariencia que está por cumplir nueve meses, con más perjuicio que beneficio para el resto de los habitantes del Estado.
Si ese es el respaldo de López Obrador que Gallardo Cardona puede presumir, la cancha está abierta para la delincuencia. El gobernador traiciona su obligación de trabajar para garantizar la seguridad de los potosinos al anteponer lo propagandístico a su favor antes que encabezar una obligada exigencia de apoyos federales reales para contener a los delincuentes.
Si Gallardo Cardona traiciona a quienes lo eligieron para vivir sin miedo, Rodríguez Velázquez traiciona sus orígenes al exhibir el poco compromiso que tiene para con sus paisanos, como marca la tradición, sobre todo en un tema al que debe responder incluso sin necesidad de aludir a esa condición de coterránea.
Mucho peor resulta que, lejos de reforzar la seguridad con los elementos de la Guardia Nacional prometidos, Rodríguez Velázquez contribuya a las justificaciones del incremento de la violencia que ahora se replican desde la autoridad estatal: es por la presencia de dos cárteles en pugna por la venta de droga.
“Lo que se está haciendo es una buena investigación, una buena coordinación de apoyo de grupos antihomicidios, antisecuestros y antiextorsión”, dijo Rodríguez Velázquez la semana pasada en Ciudad Valles, y agregó que no sabían cuántos elementos enviarían al Estado por estar desplegados en otros estados. Seguro piensa que la creciente inseguridad potosina puede esperar.
“Todos sabemos que es una pugna entre dos cárteles, se quieren seguir repartiendo la venta de la droga que es mucha”, dijo este lunes Gallardo Cardona y aumentó la cantidad de dosis que demanda ese mercado en disputa de 150 mil a 240 mil, sin mayores aclaraciones.
Las justificaciones, por mucho tono de explicación que tengan, sobran en tanto no llegan a convertirse en diagnósticos que permitan definir estrategias puntuales y efectivas para disminuir la ola de violencia. Sobre todo si se acompañan con un descargo de responsabilidad hacia los ayuntamientos por una presunta falta de coordinación.
¿Quién debe encabezar la coordinación Estado-Ayuntamientos? En esa justificación hay más señales de falta de liderazgo de la autoridad estatal que de responsabilidad del eslabón más débil de la ecuación.
Por la vía de un ficticio apoyo la Federación se descarga, en los hechos, en las autoridades estatales, y éstas a su vez descargan la responsabilidad hacia las autoridades municipales con señalamientos que tienen más de lavado de manos que de una real causa de las deficiencias.
En cuanto a capacidad de acción y hasta de jerarquía gubernamental, resulta irresponsable cargar culpas hacia el nivel municipal, cuando el sentido común indica que mientras más amplio es el ámbito de acción mayores son los resultados esperados y sus efectos benéficos hacia los ámbitos más reducidos.
Resulta lamentable que el gobernador privilegie su proyección de imagen antes que exigir a la Federación el cumplimiento de compromisos en materia de seguridad.
Más deplorable resulta que en el más alto nivel desde el que se puede impulsar el combate a la inseguridad, lejos de hacerlo, quien está a cargo se limite a promesas que ya ha acreditado no tener intención de cumplir… como si además le importara muy poco la seguridad de sus paisanos y contribuir a que su estado natal viva en un clima de mayor seguridad.
Como si desde la Federación una potosina estuviera a cargo de sabotear el cumplimiento de la gran promesa de vivir sin miedo hecha por Gallardo Cardona, con el disfraz de promesas de apoyos que no llegan… ¿ni llegarán?
