Mariana de Pablos
No ver, escuchar, entender o poderse mover al igual que la mayor parte de la población es en sí mismo un reto muy grande a sobrellevar. Si a ello se suman la ignorancia, la falta de sensibilidad y el distanciamiento de las realidades de quienes viven todos los días una discapacidad, se obtiene como resultado el panorama actual de discriminación, desigualdad y dolor. Las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad no solo representan un impedimento en el acceso al goce de sus derechos y libertades, sino que además son el reflejo de una sociedad en la que la discapacidad es la excepción y no la regla.
En el mundo viven más de mil millones de personas con alguna discapacidad. Esto significa que, según el Informe Mundial sobre la Discapacidad publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Grupo del Banco Mundial, el 15 por ciento por ciento de la población se enfrenta a “peores resultados sanitarios y académicos, una menor participación económica y tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad (…), dificultades que se exacerban en las comunidades menos favorecidas”.
En México, de acuerdo con el censo 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen casi 21 millones de personas con alguna limitación en la actividad cotidiana o que se identifican como persona con discapacidad. Se trata de una población sobre todo heterogénea, pero que se ve entrelazada por la experiencia diaria de exclusión y violación a sus derechos, convirtiéndose así en la minoría más marginada del mundo.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), tiene como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad. Al conmemorar este día, no solo se visibiliza la situación de vulnerabilidad de este grupo poblacional, sino que además busca generar conciencia sobre la urgencia de generar las condiciones óptimas que garanticen el desarrollo, la inclusión, los derechos y el bienestar de todas las personas con discapacidad
Según la ONU, un desarrollo verdaderamente sostenible para las personas con discapacidad exige centrarse de forma muy específica en sus necesidades y derechos, no solo como beneficiarios, sino, sobre todo, como contribuyentes activos en la vida social, económica y política. Lo cual significa garantizar que las personas con discapacidad estén presentes en todas las mesas de toma de decisión.
Es en este punto que se vuelve de suma importancia hacer mención aquí de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual, como punto de partida, define a las personas con discapacidad como todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Desde esta definición es que, entonces, se deja de ver a la discapacidad como un asunto de asistencia social o de salud, y empieza a pensársele en relación a los impedimentos a los que se enfrentan en la sociedad. Así lo señaló Catalina Torres Cuevas, maestra en Política y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis, activista por los Derechos Humanos y representante de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, quien explicó que estas barreras impactan en todos los ámbitos –en la educación, el trabajo, el esparcimiento, la familia, etc. – y pueden ser de muchos tipos, desde actitudinales hasta físicas o de infraestructura.
Siguiendo a la maestra Cuevas, esas limitantes son “igual o más definitorias que la propia deficiencia para convertir a las personas en personas con discapacidad”. Y ejemplifica: una persona en San Luis Potosí que usa silla de ruedas no tiene la misma discapacidad si se va a Inglaterra o Estados Unidos. “Es la misma persona, pero no tiene la misma discapacidad porque no enfrenta las mismas barreras”.
Desde esta premisa es que cambia todo el paradigma de ver y entender la discapacidad, pues, desde esta perspectiva, “no es la persona que tiene una deficiencia la que tiene que adaptarse a lo que hay. Es el entorno el que tiene que adaptarse a la persona. Y es el gobierno el que tiene que dar y hacer todo lo necesario para que estas personas puedan desarrollarse con igualdad de condiciones que el resto de las personas”.
Se estaría hablando entonces de lo que la maestra Cuevas llama una “filosofía de la igualdad auténtica con apoyos”. Es decir, generar las condiciones, modificaciones y adaptaciones necesarias para que, en la realidad, las personas con discapacidad puedan gozar sin ningún tipo de impedimento de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Es en este sentido que las personas con discapacidad “ya no pueden ser vistas con ojos de caridad, de beneficencia o de buena voluntad”, pues ahora se habla de derechos que deben ser garantizados por todo el sistema social, económico, político y cultural. De ahí que Catalina apueste por la “institucionalización de la inclusión auténtica”, es decir aquella que, más allá de abrirles la puerta o ponerles un lugar en la mesa, proporcione todos los apoyos necesarios para desempeñarse con igualdad de oportunidades.
“Si solo se abre la puerta es la historia eterna de las personas con discapacidad que terminan desertando. A los sordos que no se les da el lenguaje de señas, a los ciegos que no se les da las tecnologías para que puedan leer los libros, a las personas con discapacidad motriz que no se les permite llegar al lugar en donde se desarrollan las actividades que se deben desarrollar”.
Solo garantizando las herramientas necesarias para superar las barreras que restringen la inclusión significativa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad es que entonces se puede caminar en sintonía con los principios que persigue la Convención, tales como la autonomía, la libertad de tomar decisiones propias y a la independencia.
