María Ruiz
La desaparición forzada es un fenómeno muy particular que ha trastocado de manera grave los Derechos Humanos de miles de personas en el territorio mexicano.
En el estado de San Luis Potosí existen infinidad de casos que tienen que ver con cualquier forma de privación ilegal de la libertad. Una forma de violencia que persigue a cualquier ciudadano sin importar a dónde se desplace, como un sesgo de impunidad y olvido.
El 26 de julio de este año, se dio a conocer el caso de cuatro jóvenes potosinos que desaparecieron al realizar un viaje hacia el municipio de Tonalá, Jalisco, por motivos laborales.
Se trata de Calep Adonai Maldonado Monsiváis, de 18 años; Israel Andrade Hernández, de 20 años; Alan Michel Martínez Vargas, de 23 años; y Jorge Rodríguez Ortiz, de 24 años, quienes desarrollaban trabajos de albañilería y fueron subcontratados para laborar en un hotel por parte de la empresa de Mantenimiento y Servicios Industriales (MYSI).
Aquel jueves salieron desde muy temprana hora en una camioneta de la empresa para trasladarlos a su lugar de trabajo, sin saber que horas más tarde serían víctimas de una especie de ultraje a su dignidad humana, y no se sabría más de ellos y su paradero.
En su tránsito hacia Tonalá, se perdió contacto con ellos, específicamente en su trayecto por el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.
Los mensajes dejaron de llegar y las llamadas fueron imposibles de concretar. Sus celulares permanecieron apagados y con ello, la preocupación de sus familias se acrecentó ante la incertidumbre de no saber nada de ellos.
Ante el evidente nerviosismo que les provocó no saber de Calep, Alan, Israel y Jorge, las familias comenzaron a comunicarse entre ellas mismas y con el ingeniero Humberto Zamarrón, quien en ese entonces fungió como el encargado directo de la obra y trabajo para el que fueron contratados los cuatro jóvenes.
Mismo que avisó a las familias que al parecer Calep, Alan, Israel y Jorge estaban detenidos en Lagos de Moreno, presuntamente por haber asaltado una tienda de conveniencia sobre la carretera.
Hechos e irregularidades
Jessica Martínez Rojas, esposa de Jorge Rodríguez Ortiz, relató cómo la noticia de la desaparición de su marido y sus compañeros de trabajo estuvo repleta de irregularidades e inconsistencias.
“El ingeniero Humberto Zamarrón se comunicó con nosotros después de nuestra insistencia en saber dónde se encontraban nuestros familiares. Nos dijo que estaban en la Fiscalía, insinuó que habían robado algunos artículos y que se encontraban en calidad de detenidos”, contó Jessica.
Fue entonces que ella, acompañada de otro familiar, viajó directamente a la Fiscalía General de la República Subdelegación Lagos de Moreno, para preguntar sobre la situación legal y paradero de su esposo.
Sin embargo, fue notificada que su marido no se encontraba detenido, sino que estaba desaparecido junto con otros tres jóvenes con los que viajaba.
Jessica se encontró con la madre de Calep y, consternadas, se preguntaron el por qué si estaban desaparecidos, sus pertenencias continuaban en la camioneta en la que viajaban, la cual incluso fue fotografiada por las autoridades al momento de la detención de otros tres compañeros con los que se encontraban en la misma camioneta.
“Yo solo vi sus cosas en la camioneta y pregunté a la Fiscalía en dónde estaban los demás y me refirieron que no sabían, que viajaban otras personas en ella. En total iban siete hombres y faltaban cuatro, nuestros familiares”, platicó.
Casi 12 horas después, ella junto con otros familiares que arribaron a la Fiscalía, declararon y relataron los hechos sucedidos antes de que los jóvenes emprendieran el viaje de trabajo.
Después de ello, las autoridades les refirieron que se trataba de un “tema delicado” y que por ello serían remitidos directamente a la Fiscalía General de Jalisco para continuar el proceso de las indagaciones; aquí se enteraron, a través de las declaraciones de los otros tres empleados detenidos, de lo acontecido en los últimos instantes que supieron del paradero de Calep, Alan, Israel y Jorge.
“Supimos que ellos tres bajaron a comprar comida y víveres, las cuales supuestamente no querían pagar. Y que el encargado de esta tienda de autoservicio llamó para pedir una patrulla, pero en lugar de la policía llegó un grupo armado que los retuvo, llevándose a cuatro de los siete trabajadores que viajaban juntos”.
En ese sitio, también se encontraban los padres de Alan e Israel, quienes por su parte ya habían acudido con anterioridad a la Fiscalía del municipio de Tonalá, donde les refirieron que sus hijos se encontraban desaparecidos. Después de ello, levantaron una denuncia en el área de desapariciones de esta instancia.
“Denunciamos las cuatro familias juntas y desde entonces mantuvimos comunicación constante para saber y dar seguimiento al proceso. También levantamos una denuncia en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, quienes fueron los primeros que nos brindaron el apoyo sin revictimizarnos como las otras autoridades”, expresó Jessica.
Madres y padres de familia, junto con Jessica, relataron cómo se enfrentaron a la indiferencia de las autoridades.
La desinformación, la impunidad y sobre todo la revictimización, impidieron desde un principio la búsqueda efectiva de los cuatro desaparecidos. Lo que evidenció todo un sistema de justicia que puso trabas en la investigación de estas desapariciones.
“Para las autoridades era algo normal, minimizaron el hecho de que estaban desaparecidos. No tuvimos el apoyo y acompañamiento que debimos de tener desde un principio”, comentó Jessica.
Por su parte, cuando fue notificada la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí de estos hechos, la orientación y acercamiento fue nulo con las familias.
“Nosotros esperábamos que la Fiscalía de San Luis Potosí, nos ayudara con la localización de nuestros familiares. Sin embargo, nos comentaron que como no era de su jurisdicción, únicamente le darían seguimiento, mas no investigarían el suceso“, indicó.
Autoridades, entre la omisión y el cumplimiento
Sin instrumentos a su alcance para facilitar la respuesta y gestión de la investigación de la desaparición de los jóvenes por parte de las autoridades de Jalisco y San Luis Potosí, las familias se vieron en la necesidad de seguir su camino y búsqueda de justicia de manera personal.
En medio de este contexto, sin orientación, ni información acerca de los avances en torno a la investigación, la madre de Alan Michel, Verónica Vargas Rivera, junto con las demás familias, se organizaron para visitar rutinariamente la Fiscalía perteneciente a Jalisco para ejercer presión.
“No nos decían nada. Ni siquiera nos citaban, solo nos decía que nos realizarían una llamada. Nosotros hemos tocado varias puertas y son pocos quienes nos han ayudado. Ante la desatención también realizamos dos marchas y empezamos a recibir apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, señaló Verónica.
Sin embargo, tuvo que pasar casi un mes para que las autoridades dieran alguna referencia sobre el avance de las investigaciones de la desaparición de Calep, Alan, Israel y Jorge.
La primera autoridad en hacerlo fue la Fiscalía General de San Luis Potosí, que el 18 de agosto de este año informaron que tuvieron conocimiento de estos hechos, ya que el área de personas desaparecidas se había comunicado a esta instancia.
Además, recalcaron que coadyuvarían acciones con las autoridades de Jalisco para participar en las diligencias y dar con el paradero de los jóvenes.
Por su parte, el 25 de agosto, la titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, dio a conocer que ya se habían comenzado las investigaciones en torno a estas desapariciones y que una de las líneas de investigación apuntaba a que elementos de seguridad estarían implicados en estos hechos.
Para septiembre la Fiscalía Estatal de Jalisco anunció que estableció operativos de búsqueda de los cuatro potosinos desaparecidos en su territorio.
En ese mismo mes, diputadas y diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado exhortaron al gobernador, al fiscal general, a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco a generar mecanismos de comunicación efectivos y constantes con los familiares de los jóvenes potosinos.
Sin embargo, según comentó la señora Verónica Vargas, esto no fue así, por lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso para continuar con las investigaciones y dar con el paradero de los jóvenes.
“La FGR tuvo que empezar desde un principio para poder armar el expediente. Ellos tomaron el caso debido a que la desaparición de nuestro hijo era muy crítica y que en Jalisco ya no le iban a dar continuidad”, mencionó.
Actualmente los familiares de estos cuatro jóvenes han acudido un total de tres veces a esta Fiscalía para preguntar y conocer cualquier avance que se tenga respecto a la investigación de su paradero.
El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C. les ha brindado orientación y acompañamiento en todas las diligencias de investigación, y son quienes hoy día realizan la búsqueda de estos cuatro jóvenes en diversas partes del país.
No obstante, ninguna autoridad hasta el momento ha podido determinar qué fue lo que pasó realmente al momento de la desaparición de Calep, Alan, Jorge e Israel.
“Esperamos de las autoridades que nos ayuden, que investiguen. Que den con la localización de nuestros hijos y que nos den una respuesta sobre lo que verdaderamente pasó con ellos”, sentenció Verónica.
Muertas en vida
La desaparición simboliza el ocultamiento, el silencio, el terror y la destrucción de futuros planes de vida. Para las familias de Calep, Alan, Jorge e Israel, el no saber de su paradero se ha convertido en lo que ellos llaman un “calvario”.
El dolor que les invade a través de la injusticia ha hecho que esta etapa de incertidumbre y búsqueda cambie todas sus dinámicas de vida, donde les es imposible vivir con tranquilidad y, en ocasiones, anegan todo lo que sienten para continuar en la indagación del rastro de sus hijos.
Mantenerse a la expectativa de cualquier tipo de información que pueda ayudar a la localización de estos cuatro jóvenes ha sido, para estos familiares, un pedazo de esperanza.
“Estamos muertas en vida. Mi hijo es un buen muchacho, muy trabajador y no es de problemas; me hace mucha falta. Él solo quería ganar dinero, trabajar honradamente a pesar de que le pagaban poco y por partes. Espero que la gente se apiade de nosotros y nuestro dolor porque necesitamos a nuestros hijos. No es justo, mi hijo tiene toda la vida por delante”, declaró la madre de Alan Michel.
Vivir con la ausencia y reconocer el sufrimiento que esto les provoca, es también aceptar su necesidad y hambre de justicia.
“Nosotros quisiéramos tocar casa por casa en todo Lagos de Moreno y Jalisco, pero las autoridades ya nos han dicho que es muy peligroso y que se vive una situación de delincuencia muy grave. Ha sido muy difícil, quiero verlo regresar. Calep era la alegría de nuestro hogar, nuestra vida se ha convertido en pura tristeza, pero mantenemos la esperanza de verlo regresar”, compartió la señora Berenice Monsiváis, madre de Calep Adonai.
Sus declaraciones reflejan cómo la violencia que se disipa a través de una desaparición, es un “limbo” emocional ante la incertidumbre de no saber qué fue lo que pasó y dónde están sus familiares.
Cada desaparición genera un vacío y una fragilidad constante, no solo en las familias víctimas colaterales, sino también en una sociedad que enfrenta esta crisis humanitaria.
No olvidar y mantener viva en la memoria colectiva a aquellos que no están y que faltan, es y será la demanda de estas familias que hoy afrontan las secuelas de una agonía dolorosa al no saber más de sus seres queridos.
