Fernanda Durán
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobó un paquete de reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado para la inclusión laboral de las personas que pertenecen a grupos y/o comunidades de diversidad sexual o de género.
La iniciativa fue planteada por representantes de colectivos de personas trans en el marco del pasado Parlamento de las Mujeres 2022. No obstante, la dictaminadora acordó contemplar la diversidad sexual para tener “un aspecto más general y no sólo a la comunidad trans”.
“Venían en su papel de profesionistas y hablaron de esta parte de discriminación laboral y que las orilla a que trabajen en la vida nocturna porque no tienen cabida en ningún otro trabajo, o sea la discriminación es total y absoluta en cualquier trabajo”, expresó la diputa Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de la Comisión.
Una de las modificaciones incluye el recién reformado artículo 2 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado.
“No podrán establecerse distinciones entre las personas trabajadoras del servicio público por motivo de origen étnico, nacional o regional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, económica o de salud, apariencia física, por embarazo, opiniones, preferencias sexuales, pertenecer a grupos y/o comunidades de diversidad sexual o de género, políticas o culturales, estado civil, por tener tatuajes o modificaciones corporales, costumbres, raza, ideologías, creencias religiosas, migración o cualquier otra condición que dé origen a conductas que atenten contra la dignidad humana o que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Las reformas serán turnadas al Pleno del Poder Legislativo en próximas sesiones para que sean analizadas y votadas.
Con relación al tema de inclusión laboral, los habitantes de Ciudad Valles, Laura Pesina, David Oyarvide, Nicolás Martínez y Amador Martínez, solicitaron al Congreso del Estado atender la aplicación de dicha ley a través de los ayuntamientos para que sea efectiva la inclusión de personas con discapacidad.
Por lo que la comisión propuso enviar un oficio a los 58 ayuntamientos para dar a conocer las actualizaciones de la ley, así como pedir información sobre las acciones que se han llevado a cabo con base en las reformas actuales.
“La verdad es que a veces ni se enteran muchos ayuntamientos de las reformas que estamos haciendo”, señalaron.
