Por Victoriano Martínez
Una de las características del proceso electoral en curso es la desconfianza generada entre los electores, no solo hacia los candidatos, sus partidos y sus coaliciones, sino también al papel que juegan los organismos electorales.
La demostración que ayer se hizo en las oficinas locales del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la calidad de los marcadores para cruzar las boletas y de la tinta indeleble no tendría ninguna razón de ser, sino porque existe un velo de desconfianza que hay que eliminar.
Pero las autoridades electorales despiertan muchos otros elementos de desconfianza que difícilmente se pueden desmontar con una demostración física como la de ayer. Son de esas cosas que el panorama electoral deja ver, cual reactivo químico, lo que hay detrás de lo que aparentemente está bien.
Bien por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Estatal Electoral y la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dieron por acreditada la violación al plazo de promoción del informe de Ricardo Gallardo Juárez; mal que se abra la puerta a una ambigüedad que dilata una sanción a quien ya trabaja para seguir su colección de violaciones legales.
Detrás de la afirmación de Héctor Mendizábal Pérez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en la que asegura que al INE le corresponde sancionar a Gallardo Juárez por difundir su segundo informe fuera de tiempo está un juego en el que las autoridades evaden responsabilidades como en el de la papa caliente.
Y del personaje que recurrentemente viola la ley, las señales siguen su curso. Por ley nadie puede asumirse como ganador del proceso electoral hasta que se realice el recuento oficial de los votos, y Gallardo Juárez arrancó una fase de su campaña en la que se le maneja como virtual ganador y coloca espectaculares con la afirmación “¡Ya ganamos!”… ¡16 días antes de las votaciones!
Bien por el señalamiento de Laura Elena Fonseca Leal, presidenta del CEEPAC, al calificar como absurda esa campaña porque entorpece la elección, pero de qué sirve si no se toma ninguna medida cautelar para evitar ese entorpecimiento. ¿Acaso están sólo para hacer ese tipo de descripciones y no para corregir cualquier desviación?
Los organismos electorales parecieran más unos centros de logística que trabajan sólo para que todo esté en su lugar para que los electores puedan acudir a una casilla a votar, con plumones y tintas indelebles efectivos, sin cuidar de ningún modo que el proceso se apegue lo mejor posible a estándares democráticos.
Bien por esa parte, pero el descuido en la calidad de la elección que puedan hacer los ciudadanos empadronados tan poca atención se pone, que las autoridades electorales parecen incapaces de ver la manipulación con programas sociales municipales, el uso de recursos municipales y hasta la posible violación a la protección de datos personales.
Es como si las autoridades electorales carecieran de facultades para monitorear la calidad del proceso electoral en las manifestaciones de los partidos en su competencia por ganar la voluntad del electoral y fueran los partidos o la ciudadanía quien tuviera la obligación de hacerle notar la forma en que se atenta contra los derechos políticos del ciudadano.
Para promover el voto no basta con afirmar que este 1 de julio voto libre. Un voto libre exige que quien lo ejerza no haya estado sometido a dádivas chantajistas que ahora son condicionadas a duplicarse a cambio de su voto, ni a manipulaciones informativas en espectaculares y comunicados. Un voto libre exige que la autoridad electoral vigile e impida todo lo que limite esa libertad.
¿Por qué cacarear que este 1 de julio “yo voto libre” y no hacer el trabajo para que ese voto realmente sea libre?
