Fernanda Durán
Representantes del pueblo wixárika solicitaron al Congreso del Estado la asignación de un presupuesto específico para proteger los sitios sagrados ubicados en el Altiplano potosino, frente al abandono institucional y el creciente saqueo de peyote (hikuri), una planta de profundo valor ceremonial y espiritual para la comunidad.
La comunidad wixárika pasa por San Luis Potosí como parte de su peregrinación espiritual hacia Wirikuta, un sitio sagrado ubicado en el desierto del Altiplano potosino. Durante esta travesía, que abarca cientos de kilómetros desde sus comunidades en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, los wixárikas realizan rituales y ceremonias.
“Tenemos lugares sagrados en el Altiplano y anteriormente se hizo un evento donde se recaudaron fondos para construir algunas casas de vigilancia, apoyar a los vigilantes. Se compraron seis motocicletas, pero actualmente ya están inservibles”, señaló Florencio López Carrillo, representante wixárika, durante su participación en una reunión con diputadas y diputados, así como la titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (INDEPI), Bernarda Hernández.
López Carrillo advirtió que la falta de mantenimiento ha provocado el retiro de los vigilantes comunitarios, lo que deja sin resguardo los centros ceremoniales y abre paso al saqueo del peyote.
“Habían comprado seis motocicletas y ya no funcionan. Que se reemplacen con unas nuevas para que siga la vigilancia, porque por lo mismo los vigilantes se regresaron a sus pueblos”, agregó.
Además, recordó que desde el pasado 21 de septiembre, durante una visita del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a Matehuala, entregaron una solicitud formal para reactivar el Consejo de Administración entre el pueblo wixárika y el Gobierno del Estado, un espacio de diálogo que permitía atender de manera conjunta las necesidades del territorio indígena.
“Le pedimos la reactivación del Consejo de administración entre los wixárika y el Gobierno del Estado, en donde se discutían los asuntos, problemas o necesidades. Creo que es importante que se reactive este consejo”.
Sobre el plan de justicia indígena impulsado a nivel federal, López Carrillo reconoció que ha tenido avances, pero es lento y tiene un enfoque limitado.
“La pasada administración con López Obrador se trabajó nada más lo que son lugares sagrados. De ahí, algunos trabajos técnicos de levantamiento, pero de ahí para allá hay cosas más urgentes”.
El representante wixárika planteó necesaria la asignación de al menos dos o tres millones de pesos para garantizar la vigilancia y conservación de estos territorios sagrados.
“Lo que nos preocupa y nos urge es la vigilancia. Creo que no sería muy cuestionado que el Gobierno del Estado pudiera sumar para ello tal vez 2 o 3 millones”.
En respuesta, la diputada Gabriela López Torres reconoció la legitimidad del planteamiento y lo calificó como un compromiso moral y legislativo.
“He tenido la oportunidad de platicar con wixárikas. En alguna ocasión estuve en Nayarit, ahí me contaron de la travesía que hacen por nuestro estado, lo cual me parece maravilloso, una cuestión de mucha mística”, compartió.
La legisladora agregó que parte del presupuesto federal ya contempla recursos etiquetados para pueblos originarios, pero es válido revisar si estos han sido efectivos.
López Torres aseguró que la solicitud será considerada al momento de discutir el presupuesto estatal.
“Es nuestro deber escuchar estas gestiones que vienen a plantearnos. No solamente a usted, sino como miembro representante de toda una comunidad muy grande”, concluyó.
En este contexto de la problemática y el saqueo del peyote, recientemente se dio a conocer que el hikuri será reconocido oficialmente como una especie en peligro de extinción en la versión 2025 de la Norma Oficial Mexicana 059, tras una propuesta presentada por el colectivo Hablemos de Hikuri, en conjunto con el estudiante de Ingeniería Ambiental, Juan Carlos Covarrubias Bautista, y con respaldo institucional de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
La iniciativa fue aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ante la creciente depredación de esta planta sagrada, tanto por su uso turístico y recreativo como por el avance de desarrollos industriales e inmobiliarios en su hábitat natural.
