Por Victoriano Martínez
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ha acumulado en sus casi 21 años de existencia dos tipos de rezago que muestran lo inútil que ha resultado como garante del derecho de acceso a la información pública por parte de la población: (1) en la resolución de los recursos de revisión interpuestos por solicitantes inconformes y (2) en la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados.
En el primer caso se trata, los sujetos activos del derecho que ven afectada su prerrogativa de acceder a la información pública son claramente determinados: José Gerardo Navarro Alviso, presidente de la CEGAIP, aseguró que recibió su cargo en julio del año pasado con un rezago de 3 mil 259 recursos de revisión sin resolución.
La falta de resolución de esas reclamaciones indica que un máximo de 3 mil 259 solicitantes de información, aunque en realidad son mucho menos porque un solo solicitante puede presentar varios recursos, son quienes resultaron afectados por el incumplimiento de su trabajo por parte de los comisionados de la CEGAIP.
Navarro Alviso aseguró que ya han abatido el 90 por ciento de ese rezago. Un abatimiento que significa que los recursos pendientes ya cuentan con una resolución, lo que –lamentablemente– no significa que el solicitante haya visto satisfecha su petición de información.
Esa ha sido otra de las características en la actuación de la CEGAIP. Privilegia informar que en sus papeleos burocráticos es muy efectivo, pero no lleva ninguna estadística sobre la satisfacción del derecho de acceso a la información, que es el que está obligada a garantizar.
Una obligación que le marca la ley que tiene sin cuidado a los comisionados y que se confirma en el otro rezago, del que no habló en esos términos en su comparecencia Navarro Alviso, pero que, como omisión, afecta a toda la población: la falta de una verificación efectiva al cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados y de medidas para su cumplimiento.
Al comparecer, Navarro Alviso informó del seguimiento a 74 procedimientos de verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, sobre los que integraron 60 expedientes para medidas de apremio por incumplimientos.
Es decir, de 255 sujetos obligados, sólo 74 fueron verificados y, aunque no publicaron la información que deben difundir de oficio desde hace cuatro años en algunos casos, todavía están en vías de apremiarlos para que la publiquen.
Las obligaciones de transparencia corresponden a un extenso catálogo de información pública que los sujetos obligados deben publicar en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) para que esté disponible para toda la población. El rezago en obligar a su cumplimiento afecta el derecho de acceso a la información pública de toda la población, potosina y foránea.
Tan no existe garantía de que se publique esa información de manera oportuna, que Navarro Alviso informó que se consideraron sólo 75 de los 255 sujetos obligados para verificar si cumplieron con las obligaciones de transparencia durante 2024.
“Se hace de su conocimiento que en la evaluación vinculante 2024, se aprobó la propuesta de revisar a 75 sujetos obligados, basándose en la estadística de los sujetos obligados que presentan más recursos de revisión, más recursos de denuncia y más búsqueda de información en la Plataforma Estatal de Transparencia”, informó la CEGAIP a un solicitante de información.
Enseguida le explica que no puede atender el resto de los puntos de su petición porque apenas se encuentran en la primera etapa de la verificación. La respuesta a la solicitud tiene fecha del 22 de enero de este año.
A ese paso, es más seguro que primero desaparezca la CEGAIP antes de que logre hacer cumplir las obligaciones de transparencia que la parte de los sujetos obligados que verificaron han incumplido desde 2020.
Un incumplimiento sin consecuencias por el que desde hace tiempo le tienen tomada la medida a la CEGAIP al grado de que, en el porcentaje global de cumplimiento de todos los sujetos obligados, hace mucho que están lejos del indicador mínimo ideal del 90 por ciento.
En enero de 2024, el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia fue del 79.27 por ciento. Este año comenzó con casi 10 puntos porcentuales menos, con un 69.82 por ciento, y para febrero cayó aún más a un 68.94 por ciento.
Si antes los sujetos publicaban cada vez menos ante una CEGAIP que por omisa alentaba la opacidad, hoy parece que publican todavía menos ante una CEGAIP en vías de extinción.
Una actitud de opacidad por parte de los sujetos obligados que debe encender una alerta sobre lo que puede pasar en el Estado con las reformas que están en puerta en materia de transparencia.
