Por Victoriano Martínez
Ahora que el Interapas tiene que aplicar un incremento a las tarifas por el servicio de agua potable de apenas una cuarta parte de lo que aspiraba, quizá le haya llegado el momento de ser un poco más agresivo con los deudores que, al 30 de septiembre de 2022, le debían mil 128 millones 620 mil 90 pesos, según sus Notas de Memoria (Cuentas de Orden).
Hay experiencias en varios municipios de diversos estados del país, y otras en demarcaciones en otros países, en las que la exhibición pública de los deudores –en la mayoría de los casos del impuesto predial, pero igual aplicaría para el servicio de agua potable– es utilizada como una forma presión para que se pongan al corriente.
El organismo operador del agua potable se escuda para no darlos a conocer en una argumentación de acuerdos de reserva superados desde el 21 de marzo de 2014, en una resolución de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), cuando todavía daba algunos chispazos de atender el principio de máxima publicidad a favor del derecho a saber de la población.
En aquella ocasión, la CEGAIP aportó la argumentación conforme a las leyes vigentes –que aún se mantienen a la fecha– con la que justificó que no se omitieran los nombres de los deudores del Interapas.
Una justificación plenamente vigente para considerar que los nombres de los deudores del Interapas no deben ser omitidos en las respuestas que se dan a solicitudes de información en las que haya un usuario del derecho de acceso a la información pública que los requiera.
Hace casi nueve años, la CEGAIP vinculó el contenido de tres disposiciones normativas (una federal y dos estatales) para concluir que el nombre de los deudores del Interapas es un dato público.
En primer lugar, señaló el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para destacar que la reserva de datos “no resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que (…) tengan a su cargo créditos fiscales firmes”.
La CEGAIP justificó la aplicación de la disposición federal en el artículo 2º del Código Fiscal del Estado que le da el carácter de supletorio al Federal, para enseguida citar textual el artículo 178 de la Ley de Aguas del Estado:
Los adeudos a cargo de los usuarios y en favor de los organismos operadores municipales, intermunicipales o, en su defecto, de la Comisión, derivados del cobro de cuotas y tarifas por la prestación de los servicios públicos, tendrán el carácter de créditos fiscales, en los términos y para los efectos que se precisan en el Código Fiscal del Estado.
A pesar de aquella resolución, el Interapas mantuvo su negativa a proporcionar los nombres de los deudores. En noviembre de 2018 los volvió a negar a una solicitud de información, aunque en esos mismos días se filtró la relación de los 300 usuarios con los adeudos más altos.
El pasado mes de octubre, Alejandro Rubín de Celis, como parte de un ejercicio dentro del Laboratorio de Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública, organizado por la UASLP y Astrolabio Diario Digital, solicitó la relación de los usuarios de Interapas con adeudos superiores a 100 mil pesos.
Una vez más, en su respuesta el Interapas ocultó los nombres de los deudores. Rubín de Celis reportó al Laboratorio una respuesta de “cinco fojas con el saldo de los deudores, el número de meses que adeudan, pero sin un solo nombre de los deudores”.
“Es decir, testa los nombres de todos los deudores que aparecen en las fojas, habiendo varios con adeudos de más de un millón de pesos, uno de 16 millones de pesos y otro de 17.2 millones de pesos. La suma total de deudores de más de $100,000 es de $102’898,810.86”, escribió en su reporte.
Al 30 de diciembre, la información más reciente disponible, la cartera vencida de Interapas era de mil 128 millones 620 mil 90 pesos: 781 millones 117 mil 949 pesos de servicio doméstico; 149 millones 335 mil 443 pesos del sector comercial; 80 millones 262 mil 979.74 del Industrial, y 117 millones 903 mil 718.26 pesos del sector público.
A tres meses de ese saldo, el alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que los sectores industrial y comercial adeuda entre 300 y 400 millones de pesos. Al 30 de septiembre ambos sumaban deudas por 229 millones 598 mil 422.74 pesos.
Si la deuda actual fuera por la cifra menor mencionada por el alcalde, significaría que en tres meses la industria y el comercio sumaron a sus deudas con Interapas 70 millones 401 mil 577.26 pesos, que representan un incremento en la cartera del 30.66 por ciento.
Como si la cobranza de Interapas no sólo fuera deficiente para recuperar la cartera vencida, sino que tampoco funciona para cobrar las cuentas en curso.
Si la cartera vencida equivale a más de dos terceras partes del presupuesto que ejerce el Interapas al año y esa es la magnitud en la que afecta la prestación del servicio, ¿por qué tanta consideración para proteger la identidad de los deudores al grado de incumplir con los códigos fiscales federal y estatal y la Ley de Aguas del Estado?
¿Acaso la población no tiene derecho a saber quiénes contribuyen a que no se cuente con los recursos para mejorar el servicio de agua potable? Quizá no sólo sea tiempo de presionarlos con la revelación de sus nombres, sino también de dejarlos de encubrir.
