Por Victoriano Martínez
El pasado 7 de diciembre comenzaron los procesos y trámites de entrega recepción de la concesión de Aguas del Poniente Potosino para la prestación del servicio de agua potable en esa zona de la ciudad al Ayuntamiento de la Capital, con la firma de lo que llamaron “Acuerdo del Agua”.
“Hay una entrega muy transparente, en donde estamos recibiendo la infraestructura, las cuentas y el expertiz que ha generado Aguas del Poniente Potosino, y nosotros les estamos dando un plazo de hasta ocho meses para hacer esa transición”, aseguró el alcalde Enrique Galindo Ceballos en aquel momento.
Han pasado 61 días desde que se realizó aquel acto y el proceso ha resultado tan poco transparente que ni siquiera se ha publicado el “Acuerdo del Agua” que desde hace un mes tendría que estar disponible desde la Plataforma Estatal de Transparencia. En el apartado correspondiente sólo aparecen seis convenios promovidos por la Dirección de Desarrollo Económico.
Tan poco transparente va el proceso, que sólo se sabe que no se ha logrado concretar la creación de la Dirección del Agua, que sería la que se haría cargo de la administración del servicio de agua potable en la zona que atendía Aguas del Poniente. ¿La razón? Algunas modificaciones del contrato de entrega recepción de la concesión de agua.
“Hay una buena conciliación y gestión, en este caso de parte del alcalde y los directivos de Aguas del Poniente (…) y tengo entendido que el contrato está por firmarse en esta semana, porque ha tenido algunas adecuaciones por parte de los equipos jurídicos de ambas partes”, dijo la regidora Ángeles Hermosillo Casas el 25 de enero.
No aclaró si el contrato por firmarse es el mismo “Acuerdo del Agua” con algunas modificaciones o uno distinto, pero si algo muestra esa ambigüedad en la información que se proporciona es que la falta de transparencia en el proceso afecta hasta a los integrantes del Cabildo.
“Hay inquietudes de parte de mis compañeros regidores que están dentro de la Comisión, sobre cómo va (el proceso), cómo va el contrato, que lo quieren conocer”, dijo.
Se trate o no de un contrato diferente al “Acuerdo del Agua”, exhibe los alcances de la opacidad en el proceso y el grado de sospecha de que realmente se trata de una simulación en la que se halagó a la empresa por su voluntad para entregar la concesión, cuando había nombrado un Consejo de Administración para estar en funciones de 2023 a 2026.
¿Qué sentido tenía nombrar un nuevo Consejo de Administración casi seis meses antes de que terminara el plazo de la concesión para tres años, si se tenía contemplado no solicitar la ampliación de esta por otros 15 años?
Han pasado dos meses de que se anunció la entrega de la concesión al Ayuntamiento, y no se ha informado nada sobre el cumplimiento de la fracción V de las Obligaciones de la empresa establecidas en el dictamen del Cabildo que se la otorgó en la sesión del 23 de diciembre de 2008 (página 12).
“Desocupar y entregar la infraestructura y bienes materia del inventario al término de la concesión de conformidad con lo establecido en la Ley”, señala esa cláusula.
El término de la concesión ocurrió el 23 de diciembre pasado. Desde entonces el Ayuntamiento ya tendría que haber recibido la infraestructura y los bienes de la concesión, sin necesidad de pactar ocho meses para recibirla, sino simplemente requerir a la empresa el cumplimiento de la Ley de Aguas.
“Al término de la concesión, las obras y demás bienes del concesionario destinados directa o indirectamente a la prestación de los servicios públicos, se revertirán al organismo operador descentralizado que sustituya al concesionario o, en su caso, al ayuntamiento o a la Comisión, sin costo alguno.
“Los concesionarios estarán obligados a capacitar al personal de los prestadores de los servicios que los sustituyan en la administración, operación, conservación y mantenimiento de los servicios públicos, las obras y bienes concesionados”, dice el artículo 123 de esa Ley.
Un juego de omisiones por parte del Ayuntamiento y simulaciones por parte de la empresa en el que el primero exhibe que no estuvo ni está preparado para recibir la concesión en tanto que el segundo aprovecha para mantener la administración del servicio y, es duda, ¿continuar con el cobro del servicio?
¿A quién la pagan el agua los usuarios de la zona de Aguas del Poniente que ya no está concesionada?
