Por Victoriano Martínez
La consecuencia lógica de cualquier violación a una norma es la aplicación de una sanción que genere las condiciones para que el acto no vuelva a repetirse.
En agosto de 2016, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) emitió medidas cautelares para que el ayuntamiento encabezado por Ricardo Gallardo Juárez omitiera en su propaganda el uso de la palabra “gallardía”.
No lo hizo, en claro menosprecio a las instituciones y a la legalidad.
Dos años más tarde, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal el que, al revisar el caso, confirma la violación a la Constitución al desviar recursos públicos a la promoción personalizada.
Una promoción que no puede desligarse de la intención reeleccionista. Sería ingenuo pensar que una ilegal promoción personal por más de dos años no está vinculada a una intención reeleccionista, hoy materializada en una campaña electoral en curso.
Tal ingenuidad llega a un exceso si se trata de desligar esa ilegal promoción de un posicionamiento que da ventaja a un candidato, lo que rompe la equidad de la contienda.
Inscrito en el ámbito electoral, resulta lógica –y hasta obligada– la promoción que el Partido Acción Nacional hará ante una Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que Gallardo Juárez sea sancionado.
Por encima de lo que pueda incidir en la equidad de la competencia, la violación a la Constitución –la norma máxima– que implica desvío de recursos públicos, descalifica al violador para ocupar el mismo cargo.
Lo patético es que se turne a un Cabildo sumiso a Gallardo Juárez y a una Contraloría que en la estructura orgánica es subordinada del alcalde, aunque hoy esté con licencia, para que apliquen las sanciones.
¿Acaso no hay otros organismos y otras instancias que protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución para que intervengan en favor de la protección del derecho humano de toda la ciudadanía a tener un buen gobierno?
Si tolerar una injusticia es provocar otra, dejar pasar una violación constitucional sin una sanción es abrir la puerta a quien ha demostrado reincidencia en desacatar disposiciones de las instituciones y violar la Constitución, en perjuicio de toda la sociedad.
Sí, porque hasta quien recibe las dádivas gallardistas resulta afectado al quedar atrapado en una condición que atenta contra su dignidad, lo somete y le enseña a seguir siendo pobre, al mismo tiempo que impide que los recursos públicos se apliquen a programas que rompan ese esquema clientelar, les permita superar su condición con autosuficiencia y respete su dignidad.
¿Es tan difícil entender que quien no respeta las leyes no puede ser quien las aplique?
