Por Victoriano Martínez
Cuando se exhiben públicamente las irregularidades en las que incurre un funcionario público, de ninguna manera se atenta contra la persona, por mucho que ellos así lo crean o pretendan hacerlo creer. Simplemente se señala lo que está fuera de lugar para que se corrija, y si las faltas son de tal magnitud, se pretende que se deslinden responsabilidades y se aplique la sanción del caso.
Se trata de la función periodística de los medios de comunicación que cree en el deber ser, por muy utópico que parezca, y confía en que esa sea su aportación, dentro de un sistema democrático, para que se comience a eliminar la impunidad que ha permitido la rampante corrupción que hoy invade a la administración pública.
Que haya funcionarios que sean destituidos de su puesto o renuncien –como ocurrió este jueves con Ricardo Alejandro Femat Flores en el IPICYT– tras semanas de exhibición de las irregularidades en que incurren, es un acto insuficiente si no se valoran las faltas y se aplican las sanciones pertinentes.
Atrás de la difusión periodística no sólo suele estar el hallazgo de la labor de los reporteros, sino también un grupo de afectados –principalmente la sociedad en su conjunto a la que se le niega una aplicación correcta del erario producto de sus contribuciones– que en algunos casos reacciona ante lo publicado y en otros es la fuente de lo que se publica, o se combinan ambas circunstancias.
En los últimos años, en el Estado se han registrado la mayor variedad de casos en los que se exhiben las corruptelas diputados, alcaldes y diversos funcionarios, pero prácticamente en la totalidad no se llega ni a la consecuencia mínima de una destitución o renuncia, mucho menos a la aplicación de sanciones ejemplares que impidan la repetición de actos similares.
La difusión de la ecuación corrupta en el Congreso del Estado y la movilización social, de las más numerosas en los últimos años, no alcanzó más que para el desafuero de un diputado que, aunque sometido a proceso penal, goza de plena libertad y de los recursos mal habidos que obtuvo. Sus cómplices, señalados en el video escándalo, no sólo mantuvieron el cargo, sino que ya aspiran a otro.
Las revelaciones periodísticas de casos como la compra de medicamentos por más de 66 millones de pesos en el Ayuntamiento a una proveedora fantasma de nombre Sandra Sánchez Ruiz, o la compra indiscriminada de propiedades por parte los Gallardo, por muy documentadas que estén, y aún presentadas ante la Fiscalía General como denuncias penales, no han tenido efecto alguno.
Peor aún, el desvío de recursos públicos a una promoción personalizada que viola la Constitución como lo han acreditado el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tampoco tiene consecuencias. Lejos de eso, exhibe el monstruo burocrático al que la sociedad tiene que enfrentarse para buscar justicia.
Si el Partido Acción Nacional decidió no impugnar la resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para pedir la inhabilitación de Ricardo Gallardo Juárez para postularse a un cargo de elección porque previeron el mismo resultado en la Sala Especializada, es claro indicador de que los vericuetos de la justicia favorecen a quien viola la ley y las trabas son para quien busca justicia.
Mejor invitación para que Gallardo Juárez continúe como violador de la Constitución y de muchas otras leyes no se le puede hacer. La mayor muestra de que seguirá por ese camino es el cinismo con el que, en sus mítines por la reelección, ofrece ampliar la variedad de dádivas que como alcalde le han servido para su clientelismo electoral y de ninguna manera para combatir la pobreza.
¿Alguien se acuerda del grupo de funcionarios que, junto con José de Jesús Martínez Loredo, salieron de la Auditoría Superior del Estado, tras el escándalo de la ecuación corrupta? Dejaron el cargo, recibieron generosas liquidaciones… y ninguno fue sancionados por las irregularidades que cometieron.
En este mismo mes, dos funcionarios a quienes se señalaron irregularidades, han renunciado a sus cargos, más por la presión que por voluntad propia. Además del ahora ex director del IPICYT, Oscar Candelas Reyes renunció como delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tras las denuncias de actuar como juez y parte, al defender como abogado postulante a varios victimarios.
El hecho de que la sanción contra quienes incurren abiertamente en actos de corrupción se limite, cuando se da, a separarlos del cargo sin mayores consecuencias, constituye una burla contra la sociedad en su conjunto.
Renuncias y destituciones son una medida mínima ante la que la autoridad no debe incurrir en las omisiones que generan impunidad y alientan a mayor corrupción. Si no hay verdaderas consecuencias, se le está diciendo a todos los funcionarios aprovechen el cargo para enriquecerse que lo peor que les puede pasar es que se vayan a su casa con lo robado.
Si no se llega ni a la renuncia o la destitución o la inhabilitación para ocupar cargos y mucho menos a sanciones ejemplares, como en el caso de Ricardo Gallardo Juárez, esa invitación a aprovechar el cargo se convierte en una auténtica invitación a cometer mayores abusos contra la sociedad.
Una injusticia tolerada incuba la siguiente… que siempre aumentará su grado de gravedad.
