Victoriano Martínez
Los informes general e individuales de las cuentas públicas 2017 fueron aprobados sin intervenciones… ni para corregir las pifias legal y de matemáticas básicas.
El diputado Fernando Chávez Méndez, presidente de la directiva, sometió a consideración el dictamen número 433 de la sesión, pero al consultar el secretario si habría intervenciones ninguno de los otros legisladores pidió la palabra, por lo que se sometió a votación directamente entre las protestas de los asistentes a la sesión.
En la primera ocasión que con un solo dictamen aprueban los informes de auditoría, el documento presentado al Pleno por la Comisión de Vigilancia apareció en la Gaceta Parlamentaria con dos errores.
El primero tiene que ver con la fundamentación legal del acuerdo tomado, que cita una disposición legal inexistente.
“Con fundamento en lo prescrito por el artículo 40 párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, se determina que el Informe General y los Informes Individuales presentados por la Auditoría Superior del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de los 113 entes auditables, fueron realizados con apego a las disposiciones legales aplicables”, dice el dictamen ahora aprobado sin cambios.
El artículo 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas tiene un solo párrafo, que –para colmo– no tiene ninguna relación con la aprobación de los informes de la ASE.
El único momento para que se corrigiera esa pifia legal era la discusión del dictamen en el Pleno, situación que no ocurrió dado que sin discusión se sometió a votación y se aprobó con 20 votos a favor, dos en contra y una abstención.
Si con ese error los diputados exhibieron su poco respeto a las leyes que ellos mismos aprobaron (la ley de Fiscalización la aprobaron estos diputados el pasado 7 de junio) o su desconocimiento, con las cuentas que presentaron sobre los montos de las solicitudes de aclaración a los ayuntamientos convirtieron en decreto una muestra de que tampoco saben hacer sumas simples.
Las cantidades señaladas en las solicitudes de aclaración suman 117 millones 567 mil 460 pesos, y los diputados aprobaron un dictamen en el que afirman que esas mismas cifras arrojan como resultado 7 millones 637 mil 358 pesos.
El dictamen no fue leído durante la sesión por haber sido distribuido en la Gaceta Parlamentaria, y al no haber intervenciones y someterlo a votación de inmediato, quedó aprobado con todo y los errores, entre los que destaca que se aprobaron conforme a una disposición inexistente, lo que lo dejaría sin fundamentación legal.
