Por Victoriano Martínez
La inercia del proceso electoral con sus reacomodos y ajustes, la continuación de pugnas artificiosas con miras a la siguiente elección, contingentes hechos fatales que exhiben su negligencia e indolencia ante la tragedia de la que evaden responsabilidades y más son los juegos de la politiquería… y mientras tanto, la sociedad civil se organiza y busca soluciones.
La pretendida desaparición del Interapas nada tiene que ver con lograr que la población cuente con agua potable en las llaves de sus viviendas y de eso queda constancia en la iniciativa que ayer fue turnada a comisiones en el Congreso del Estado.
Sólo se trata del asalto al Interapas para ponerlo en manos del Ejecutivo Estatal por una temporal transición con duración muy incierta.
Un asalto que obedece a instrucciones ajenas al Legislativo y operado por personeros del otro Poder, al grado de que el mismísimo presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Roberto Ulises Mendoza Padrón, desconozca la iniciativa. “Yo la verdad todavía no la he leído como para darte mi punto de vista”, confesó sobre la iniciativa que lleva su firma.
La protección para funcionarios estatales y municipales, y para los propietarios de la Plaza Alttus, al cargarle toda la responsabilidad de la muerte de dos jóvenes y las lesiones de ocho más a tres personajes de antro Rich revela el grave riesgo para quien en San Luis Potosí acuda a ese tipo de establecimiento y a cualquier otro tipo de espectáculos.
El grotesco espectáculo de intercambiar señalamientos de irresponsabilidades entre funcionarios estatales y municipales exhibe una vez más que lejos de buscar que la población cuente con garantías de seguridad para esas actividades, lo que les importa es diluir el caso en el tiempo y que, a la larga, les permita presumirse justicieros con tres cabezas de turco.
Una exhibición de complicidades que conecta a la autoridad con ese mismo tipo de relación con un sector empresarial que ha antepuesto inescrupulosos negocios a un desarrollo inmobiliario que respete las condiciones ambientales de áreas que prestan servicios ecológicos a la ciudad.
La plaza Alttus se encuentra en una zona que fue de recarga del acuífero, pero que hoy, forrada de concreto, ya no sólo impide que los mantos acuíferos que abastecen a la ciudad recuperen el líquido, sino que en tiempo de lluvia el agua corra a gran velocidad hacia la parte baja de la ciudad y provoque inundaciones como las que se vieron ayer jueves.
Eso pasa con la urbanización de esa zona a pie de la Sierra de San Miguelito, que ya no se incorporó a la declaratoria de Área Natural Protegida por el daños consumado e irreversible. Eso muestra la importancia de proteger el resto de la Sierra, que ya cuenta con un decreto como Área de Protección de Flora y Fauna.
Ni el poder político ni el poder económico han mostrado ningún interés por guiar sus acciones para favorecer a una población, que despertó tras dos grandes incendios en la Sierra de San Miguelito.
Con el incendio de 2019 se abrió una cadena de acciones impulsadas desde la sociedad civil que para diciembre de 2021 desembocaron en la declaratoria de ANP para la Sierra de San Miguelito.
Con el incendio de hace dos meses, se abrió una cadena de reacción de la población para exigir la protección y el cuidado de la Sierra, pero también para actuar y realizar acciones para su restauración.
Una inercia que contrasta con la de la politiquería, porque en este caso seis organizaciones de la sociedad civil y una empresa cooperativa se han unido para dar seguimiento a la inquietud otras organizaciones y colectivos de la sociedad civil para planear y concretar acciones a favor de la Sierra de San Miguelito y, en consecuencia, de toda la población.
Esta tarde, a las 6:00 horas en el Jardín de San Miguelito, han convocado a una reunión para organizar la elaboración de bombas de semilla de plantas endémicas de la Sierra y programas su reforestación, además de que se hará la presentación de un proyecto más, denominado Guardianes de los Jardines.
Sí, la politiquería se disputa el (des)abasto de agua, evade responsabilidades en el caso Rich, ratifica complicidades con depredadores inmobiliarios. Y mientras tanto… la sociedad civil busca recuperar la Sierra de San Miguelito, reforzar su capacidad como área de recarga de mantos acuíferos, y se pone creativa para generar más proyectos ambientales.
