Por Victoriano Martínez
Han pasado 46 meses desde que el gobernador Juan Manuel Carreras López, al rendir protesta como gobernador, levantó la bandera anticorrupción.
Tuvieron que pasar 20 meses para que se aprobara la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, a pesar de que la iniciativa la presentó el mandatario con carácter de preferente y tendría que haber sido aprobada desde noviembre de 2015.
Desde el 25 de mayo de 2017, cuando finalmente se publicó la ley que creó el SEA, han pasado poco más de 26 meses y se han acumulado casos de corrupción sin que el Sistema, los órganos que lo integran, ni los personajes que en ellos participan, hayan realizado acciones para promover que sean sancionados y para evitar su repetición.
El 8 de junio de 2017, durante una maratónica sesión del Congreso del Estado quedó acreditado en video un receso para “compra de voluntades” de los legisladores para que dieran su voto a favor de la solicitud de Ricardo Gallardo Juárez de ampliar el contrato con Panavi para el cambio de luminarias en la ciudad. “Les están doblando la cantidad”, texteó Fernando Chávez Méndez.
Apenas cuatro días después, Enrique Flores Flores destapó el escándalo de la ecuación corrupta, con un esquema de moches para limpiar cuentas públicas, en un video publicado por el periódico Pulso, del que se desprendieron diversas denuncias penales por corrupción en contra de varios legisladores y contra empleados de la Auditoría Superior del Estado.
Dos casos que, en pleno proceso de integración del Sistema Estatal Anticorrupción, daban cuenta de la urgencia con la que tendría que haberse integrado para cumplir con su cometido.
La Comisión de Selección del SEA fue el primer órgano del Sistema en integrarse, el 7 de julio, y para el 20 de septiembre quedaron electos los 10 integrantes del Comité de Participación Ciudadana, cinco numerarios y cinco supernumerarios.
Desde entonces, los casos de denuncias públicas y penales por corrupción se han acumulado en un panorama en el que las organizaciones de la sociedad civil, incluso con recolección de firmas en una plaza pública, tomaron en serio la corriente anticorrupción, le tomaron la delantera al Sistema y éste, todavía ahora, está muy lejos de funcionar como la ley marca.
Las denuncias por corrupción se acumulan:
En la Auditoría Superior del Estado, el desvío de 600 mil pesos en una fiesta fantasma y la operación de una nómina secreta.
En el Congreso del Estado, compra de facturas a empresas fantasma, simulación de entrega de apoyos sociales hasta a personas fallecidas, apropiación de recursos públicos con la simulación de obras en diversos municipios.
En los municipios de Ciudad del Maiz, Moctezuma, Mexquitic de Carmona, Ahualulco, San Vicente Tancuayalab, Cerritos, San Martín Chalchicuautla, Axtla y Rioverde, denuncias contra sus ayuntamientos por obras pagadas pero inconclusas o inexistentes.
En el ayuntamiento de la capital, dos denuncias con el apoyo de más de 440 firmas por una simulada compra de medicamentos y el enriquecimiento del entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez, además de un desvío de recursos públicos para promoción personalizada, acreditado por la sala Monterrey del Tribunal Electoral Federal.
Cuando menos siete denuncias presentadas por la actual administración municipal contra los exfuncionarios municipales, y otras tres por el Interapas.
La variante de la simulación de entrega de apoyos sociales que se ordeñaban totalmente por los exlegisladores, ahora con la simulación de dar mejores sueldos a los asesores, a quienes se los ordeñan vía moches.
La proliferación de casos de corrupción goza de cabal capacidad reproductiva, en tanto el Sistema Estatal Anticorrupción no logra ni siquiera integrarse.
Lo peor, quienes participan en cada uno de los órganos del SEA –la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador– parecen más preocupados en la disputa por ponerse al frente del Sistema, pero en 46 meses no han dado un paso al frente para combatir la creciente corrupción que, se supone, es la convicción que los impulsó a participar.
En 46 meses lo que mejor han acreditado es que están ahí para todo lo que se les pueda ocurrir, menos para privilegiar el combate a la corrupción. Qué mejor prueba para demostrar que no son los indicados para ocupar esos cargos.
