Por Victoriano Martínez
Cierra el primer mes del 2020 y la lucha anticorrupción, esa que le sirvió a Juan Manuel Carreras López para volver un poco atractivo su discurso de toma de protesta como gobernador, muestra una faceta más de la simulación que siempre ha sido, y de los alcances de su papel como encubridor de corruptos, que raya más allá de la complicidad.
Desde la segunda quincena de diciembre se conocieron las intenciones de Jorge Alejandro Vera Noyola de renunciar como Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción (Fiscal Anticorrupción).
A principios del año se daba por hecho la presentación de su renuncia y el propio Vera Noyola salió a desmentir la versión.
«Yo, desde la responsabilidad que asumí al frente de esta Fiscalía Especializada, está combatir los hechos de corrupción, se ha avanzado mucho, además, tengo un compromiso personal y profesional, y sobre todo, un alto respeto a la institución y al gobernador Juan Manuel Carreras”, declaró a varios medios.
Hoy que formalizó la tan anunciada renuncia, desapareció el compromiso personal –mutó por “convenir a mis intereses y por razones estrictamente personales”. Seguramente el respeto a la institución y al gobernador no hayan variado, pero sí la aceptación de las condiciones en las que se encontraba trabajando.
Convencido, como estuvo al protestar el cargo, de combatir hechos de corrupción, Vera Noyola no puede despedirse de su puesto sin antes rendir cuentas públicas sobre la situación que lo orilló a la renuncia, sobre todo al haber señalamientos de presiones para que ciertos asuntos no avanzaran.
Su Fiscalía sin presupuesto, sin seguridad, sin personal suficiente, y saturada de expedientes que no le correspondían configuran un ambiente de presión que debe ser aclarado: por Vera Noyola para exponer sus orígenes y objetivos, pero también por el gobernador Carreras y el Fiscal Federico Garza Herrera por la obstrucción que esas medidas representaron para el papel del hoy renunciante.
En la percepción pública queda la idea de la existencia de presiones para desviar la función esencial de la Fiscalía Anticorrupción a favor de intereses distintos a la razón de ser de la institución, lo que es la esencia de los actos de corrupción.
Una idea que se suma no sólo a las reiteradas denuncias contra el gobernador por obstruir el Sistema Estatal Anticorrupción, sino al hecho de que esos señalamientos de organizaciones civiles y de los propios integrantes del Comité de Participación Ciudadana son confirmados por el paso del tiempo sin que el Sistema logre operar.
En menos de un mes se cumplirá el segundo aniversario de las denuncias del Frente Ciudadano Anticorrupción en contra del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez y la Fiscalía a cargo de Garza Herrera, quien parece haber asumido –a diferencia de Vera Noyola– cabalmente su papel de fiscal carnal, al servicio de los intereses de Carreras López, no logra ningún avance.
En diferentes ocasiones y distintos actores públicos han señalado complicidad de Carreras López, por su pasividad, con los diputados de la ecuación corrupta, pero principalmente con el ex alcalde Gallardo Juárez, a quien se afirma le debe haber ganado la gubernatura por una alianza durante la elección de 2015.
Se llega a cuestionar qué será lo que le saben a Carreras López quienes tienen el poder de presionarlo para que incurra en su pasividad cómplice, pero… ¿Y si Carreras López es reamente la cabeza que los protege como una forma de protegerse a sí mismo?
