Alejandro Rubín de Celis
¿Por qué Edson Quintanar se obstina en mantener a su asesor, Guillermo Balderas Reyes como candidato a ocupar la titularidad de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado si ya había quedado descartado por los diputados de Morena?
Luego de reclamar a su coordinador parlamentario por su traición al haber presentado como único candidato al cargo a Balderas Reyes ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ─cuando eran tres las propuestas que debió presentar─, diputados morenistas decidieron este miércoles en reunión privada eliminar a este abogado de entre los nombres que más tarde se presentarían ante la Jucopo para que este órgano colegiado seleccionara al agraciado, lo que nuevamente quedó en suspenso. Edson Quintanar anunció ayer que la decisión se tomará hasta el próximo jueves y que ahora se tienen cinco candidatos, entre los cuales volvió a mencionar a su asesor.
La versión del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena fue desmentida por su similar del PRI, Mauricio Ramírez Konishi, quien aseguró que anoche sólo se presentaron tres propuestas ante la Jucopo, entre las cuales no estaba Guillermo Balderas.
¿Por qué entonces Quintanar insiste en que aparezca en la lista este personaje? ¿Es que está aferrado a que el puesto lo ocupe alguien de su entera confianza? ¿O es que hay alguna negociación inconfesable de Quintanar Sánchez con diputados de otros grupos parlamentarios? ¿O bien obedece a la eventual presión de Cándido Ocho Rojas, quien se rumora es el congresista que ─con el apoyo de otros de sus pares─ realmente está detrás de la candidatura del ex consejero de la Judicatura del Estado para que se quede al frente de la Oficialía Mayor?
Ayer, el también presidente de la Jucopo mencionó estos cinco nombres como quienes cumplen con el perfil para ocupar el cargo: Marisol Denisse Alvarado Martínez, Saúl Jiménez Pérez, Guillermo Balderas Reyes, Jesús Palacios Chávez y Javier Echavarría Delgado.
Fuentes confiables del Poder Judicial del Estado y del mundo de la abogacía afirmaron a esta columna que Guillermo Balderas metió a trabajar al Poder Judicial a personas de su confianza a cambio de una parte de su salario, y que conocen al menos dos casos de acoso sexual por parte de este sujeto. De las prácticas de acoso sexual se han enterado incluso algunos diputados.
¿Quedará o no el controvertido Balderas Reyes como uno de los candidatos entre los que se elegirá al nuevo oficial mayor? Lo veremos.
Lo que queda claro hasta ahora es que ni los diputados de Morena ni el resto de los legisladores hicieron caso alguno a la propuesta que hizo el Frente Ciudadano Anticorrupción para que el Congreso lance una convocatoria abierta a la ciudadanía a fin de elegir al mejor perfil para la Oficialía Mayor, uno auténticamente independiente y ajeno a los intereses de los legisladores.
Mientras se cabildea a espaldas de la sociedad si quedan unos u otros y no se da oportunidad siquiera a que se pueda conocer con tiempo suficiente a los candidatos para investigar su trayectoria, los diputados se encuentran enfrascados en una disputa sórdida por controlar uno de los espacios más importantes en el manejo de los fondos del Congreso local: la Oficialía Mayor.
De Interés Público
En principio resulta una buena noticia el cese de la ex diputada local, Rebeca Terán Guevara, como coordinadora regional del DIF en Ciudad Valles, y la renuncia de Héctor Mayorga Delgado como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) del Congreso del Estado. Pero de ninguna manera se pueden echar las campanas al vuelo.
El nombramiento de la ex diputada, a cargo directamente de la presidenta del DIF, Lorena Valle, e indirectamente ─pero como principal responsable─ del gobernador Juan Manuel Carreras, era un premio a la corrupción de una mujer a la que la Auditoría Superior del Estado obligó a devolver 85 mil pesos desviados mediante empresas fantasma y falsificación de documentos en la supuesta entrega de apoyos sociales. El cese fue producto de la presión y la demostración que hizo la organización Ciudadanos Observando ante autoridades estatales, sobre los actos de corrupción en los que incurrió Rebeca Terán en la pasada legislatura.
Y conste: si no fuera por una acción desde la sociedad civil, la ex diputada seguiría en el cargo con la complicidad del gobernador y de la presidenta del DIF.
¿Caerá también el ex alcalde Mario García Valdez, acusado de actos de corrupción y premiado por el gobernador como director general del Conalep?
En lo que concierne a Héctor Mayorga, se trata de un oscuro personaje experto en limpiar cuentas públicas cuando fue titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en particular las de Marcelo de los Santos Fraga, su amigo cercano. Mayorga defendió a ultranza que del crédito por mil 500 millones de pesos que obtuvo el ex gobernador al final de su mandato, 561.9 millones quedaron en las arcas del gobierno estatal y fueron erogados en el último trimestre de 2009, cuando Fernando Toranzo ya era gobernador. El asunto nunca quedó plenamente aclarado.
Desde el primer intento en que se buscó imponer a Mayorga Delgado en la UEC, diversos sectores que conocían de su pasado protestaron y la imposición naufragó. Pero más adelante, aprovechando que la atención de la opinión pública estaba en otros asuntos relevantes, lograron darle el nombramiento.
La Unidad de Evaluación y Control es un puesto clave que depende de la Comisión de Vigilancia y cuya función es fiscalizar y supervisar el cumplimiento cabal de las atribuciones que le son propias a la Auditoría Superior del Estado.
El reto ahora para la Comisión de Vigilancia es encontrar un perfil ciudadano, ajeno a los intereses de diputados y grupos parlamentarios, que verdaderamente vigile al vigilante y que no contribuya a la creación de redes de corrupción como las ya conocidas.
