Por: Eduardo Delgado
Por unanimidad, los siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditaron el acoso laboral, por razones de género, en perjuicio de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes de parte de sus pares en el Tribunal Electoral de San Luis Potosí y remitieron su fallo al Senado de la República para que este proceda, conforme a derecho, contra los magistrados Rigoberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez, así como el Secretario de Acuerdos.
Durante la sesión vespertina celebrada este miércoles los magistrados resolvieron el expediente SUP-JDC-4370/2015, promovido por Pedroza Reyes, quien se quejó de diversas irregularidades en su perjuicio, entre otras porque se le impidió el acceso a expedientes, la entrada a su oficina y por la revisión de su equipo de cómputo.
Luego de que cada uno de seis de los siete miembros de la sala fijó su respectiva postura, los magistrados aprobaron el proyecto de resolución propuesto por su compañero Pedro Esteban Penagos López, quien en su intervención reprobó el proceder de los magistrados Garza de Lira y Kalixto Sánchez.
Advirtió que si un tribunal, responsable de impartir justicia, con sentido humano, autónomo e imparcial, enfrenta este tipo de problemas internos no garantiza una correcta aplicación de la ley a los gobernados.
“Es delicado que este tipo de actos se perpetren entre los mismos magistrados”, entre los que dijo debe imperar la prudencia, además de que “entre pares no debe existir hostigamiento laboral”.
Expuso que de acuerdo a las constancias que obran en el expediente se acreditó que a la magistrada le fue denegado el acceso a información y documentos, y que aparte obra en actas del Ministerio Público que su oficina fue “asegurada” con sellos para impedirle el acceso, lo que igual constató un Notario Público.
Sostuvo que por su condición de mujer se “acentúan los actos perpetrados por sus compañeros”, que incluso ordenaron la revisión del equipo de cómputo que Pedroza Reyes tenía asignado.
A su vez la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa celebró que en este caso “visibilice la violencia política contra la mujer”, y que se remita este asunto al Senado, así como a la Contraloria del Tribunal potosino, para que resuelvan conforme a Derecho, dado que los legisladores fueron quienes designaron a los magistrados.
Refirió que existen tres modalidades de acoso laboral, horizontal, vertical descendente y vertical ascendente, lo que aconteció en esas tres facetas en perjuicio de Pedroza Reyes.
Flavio Galván Rivera lamentó que “tengamos que estar resolviendo este caso”, perpetrado “por estos señores, perdón por lo de señores, que no han leído el código de ética electoral”.
En tanto Manuel Gómez Oropeza reafirmó que en este asunto “podemos concluir” que la magistrada fue víctima de hostigamiento laboral “por razones de género”.
Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal, leyó los puntos resolutivos:
PRIMERO. Se sobresee en el Juicio para los Derechos Político Electorales por lo que hace a los actos precisados en la ejecutoria.
SEGUNDO. Se acredita la comisión de acciones que han impedido el ejercicio de las funciones de la actora en su carácter de integrante del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en los términos que se indican en la ejecutoria.
TERCERO. Dese vista con copia certificada del fallo y de las actuaciones que integran el expediente al Senado de la República y a la Contraloría Interna del Tribunal referido para los efectos que se indican en la resolución.
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