Por: Victoriano Martínez.
El Gobierno del Estado tiene limitados los daños y perjuicios que puede reclamar a la empresa Ford una vez que ha cancelado su inversión de mil 600 millones de dólares para instalar una planta en el Estado, según la cláusula de terminación anticipada del convenio firmado el pasado 4 de abril de 2016.
Aunque en la cláusula se habla del pago de “todos los daños y perjuicios causados”, en el texto inmediato se establece la limitación a los alcances de lo que se puede reclamar.
“Monto total de los gastos desembolsados y debidamente documentados de “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” que estén contemplados expresamente en el presente Convenio”. Ese es el tope de lo que puede reclamar el gobierno de Juan Manuel Carreras López a la Ford.
Entre lo recuperable para la administración estatal carrerista está que la Ford debe transferir al gobierno la propiedad de los terrenos donados, “incluyendo todas sus mejoras”.
Son pocos los beneficios ya proporcionados a la Ford que se pueden identificar a partir de la versión pública del Convenio que dio a conocer el gobierno carrerista, dado que el desglose de los beneficios y los plazos otorgados figura en 12 anexos que se mantienen bajo reserva.
De acuerdo con el documento, desde mayo del año pasado la Ford ya figura como propietaria de los terrenos, con una extensión similar a los donados a BMW que tuvieron un costo de 30 millones de dólares. Es de suponer que el costo de los terrenos entregados a la Ford pudo ser superior.
Desde noviembre de 2016, comenzaron a concluirse algunas etapas de la preparación del terreno para la instalación de la planta, sin que se revele el costo. En el caso de la planta de BMW tales obras se cuantificaron en 972 millones 274 mil 423, en el convenio Gobierno-BMW. El costo debió ser similar, o incluso superior.
Además, de lo que puede conocerse del convenio hecho público, el gobierno ha proporcionado a la Ford servicios, apoyos y asesoría en materia de reclutamiento, capacitación de personal, asistencia en información para el establecimiento de personal directivo, y becas para los trabajadores así como “oficinas temporales de manera gratuita para el inicio de sus operaciones”.
El gobernador Carreras López deberá demostrar que tiene documentados todos los gastos realizados para la instalación de la Ford a fin de que, conforme a la cláusula Décimo Sexta, pueda recuperarlos, de lo contrario, tal distracción de recursos públicos representaría un daño y perjuicio adicional a los que la expectativa de llegada de la planta se han provocado.
Consulta el convenio, en la versión pública que hizo el gobierno y su versión sin partes testadas.
